CCOO y UGT han reclamado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de jornada laboral y jubilación parcial en la Administración General del Estado (AGE). Las organizaciones sindicales piden que la reducción a 35 horas semanales se aplique entre febrero y marzo de este año, sin más demoras, y que se recupere la jubilación parcial para el personal laboral antes de que finalice 2025.
El malestar de los sindicatos se produjo tras la propuesta del Ejecutivo de aplazar la implantación de la jornada de 35 horas hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, con el fin de otorgarle rango legal. Esta idea, según recogen desde Europa Press, fue calificada por CCOO y UGT como una vía que “retrasaría innecesariamente” una medida ya comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
Este acuerdo, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2024, incluía también la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral, suspendida desde el 1 de abril del año pasado. Según los sindicatos, el compromiso del Gobierno era restablecerla antes de terminar 2025, algo que consideran esencial para garantizar el relevo generacional y facilitar una salida gradual del empleo público.
Otros compromisos del Gobierno pendientes con los funcionarios
Además de estas dos medidas, CCOO y UGT han recordado que siguen pendientes otros aspectos clave del acuerdo, como la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, así como la reclasificación profesional. Ambos sindicatos consideran que estos asuntos también deberían cerrarse con urgencia, dado que forman parte de compromisos ya adquiridos.
“Es un asunto prioritario para avanzar en la senda de negociación abierta con el nuevo equipo de Función Pública”, han expresado en un comunicado conjunto. Los sindicatos advierten que si en la próxima reunión, prevista para el miércoles 28 de enero, no se ofrecen garantías concretas, tomarán “las acciones oportunas” para defender sus demandas.
CCOO y UGT no descartan organizar movilizaciones si el Gobierno no avanza con paso firme en las próximas semanas. Y es que, según aseguran, estas medidas cuentan con el respaldo suficiente para no tener que esperar a la aprobación de los PGE. Retrasarlo más no hace, sino aumentar la tensión del personal de la AGE.