El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha acusado este jueves a la patronal de estar dilatando las negociaciones para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas de forma intencionada: “Estamos apreciando en la CEOE la intención de bloquear y dilatar esta negociación”.
En este sentido, apunta que los empresarios siempre acaban las reuniones en la Mesa del Diálogo Social con la proclama de que no habría que modificar por ley la jornada laboral en España, sino seguir negociándola en los convenios colectivos. Por ello, piden a la patronal que se aclare y manifieste si “está dispuesta” a establecer por ley la reducción de jornada. Solo así podrán entrar a valorar otros aspectos.
“Hemos llegado a un punto donde la negociación está en bucle y es por lo que vamos a movilizarnos en la calle. Primero para presionar a los empresarios y, segundo, para exigir a los partidos que tomen posición”, ha añadido al respecto en una entrevista para 'La1', recordando que este 26 de septiembre comienza ese calendario de movilizaciones junto a UGT, cuando se van a concentrar en frente de las sedes de la patronal de cada capital española. Previamente, también van a realizar asambleas en las diferentes comunidades autónomas.
Sordo cree que la patronal tiene la “intuición” de que la reducción de jornada podría no salir en el Congreso
Como también piden desde UGT, Unai Sordo ha vuelto a reivindicar este jueves que los distintos partidos políticos tomen posición, asegurando que “están un poco de perfil”. Al respecto, ha explicado que “tontos no son” y saben que la reducción de la jornada laboral es una reivindicación “compartida por toda la ciudadanía”, independientemente de a quienes voten, como manifestaba también Yolanda Díaz.
“Vamos a retratar aquí a los partidos, queremos saber qué opinan”, ha apostillado el líder de CCOO, al tiempo que cree que la CEOE podría estar bloqueando la negociación por tener la “intuición” o "alguna iformación" de que la medida no saldría en el Congreso. Esto podría ser en el caso de que los empresarios conocieran el posible rechazo de algunos partidos. Preguntados sobre ello, ha declarado que no sabe “cómo se situarán Junts o PNV en este debate”. También ha querido enfatizar que, finalmente, serán los partidos los que “tendrán que decidir si se reduce o no la jornada de trabajo”.
Cabe señalar, como recordó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa posterior a la reunión del lunes, que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado febrero una Proposición No de Ney (PNL) de Sumar para pedir al Gobierno que abriera un “proceso de diálogo” que concluyese con la implantación de la jornada laboral a 38,5 horas. Así pues, atendiendo a este resultado, la previsión del departamento de Yolanda Díaz es que tendría que ser respaldada.
Sobre un posible acuerdo solo entre Trabajo y los sindicatos, sin el apoyo de los empresarios, Sordo ha querido aclarar que “no es lo deseable” y que son “conscientes” de que “un acuerdo con las tres partes es el mejor acuerdo posible”. Sin embargo, como hizo Pérez Rey ayer, ha añadido que “lo que no puede tener nadie es el derecho de veto”. También ha querido enfatizar en que la reducción de jornada, en contra de algunos pronósticos “catastróficos”, será buena no solo para los trabajadores, sino también para la productividad de las empresas en el medio y largo plazo.
En último lugar, en línea con la cartera de Díaz, ha declarado que esta medida no solo consiste en reducir la jornada hasta las 37,5 horas, sino también en mejorar los sistemas de control horario y ver cómo se distribuye esa jornada. En este sentido, apunta que no serviría de nada reducir la jornada si luego el trabajador en casa se ve obligado a contestar correos de trabajo, aludiendo al derecho a la desconexión digital que conforma uno de los pilares fundamentales de la propuesta de Trabajo.
El SMI tendrá que subir en 2025 por encima del IPC
Unai Sordo también se ha manifestado sobre la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), asegurando que tendrá que subir por encima del IPC y ser, como mínimo, igual que el incremento medio que están experimentando los salarios. En línea con Yolanda Díaz, ha defendido que el SMI deberá alcanzar el 60% de la media salarial en España, tal como exige la Carta Social Europea, y que se trata de una medida para seguir reduciendo la desigualdad salarial que afecta especialmente a las mujeres y colectivos específicos como los jóvenes.
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