Yolanda Díaz ha abierto un nuevo frente de negociación con sus socios de coalición para intentar que el próximo paquete de ayudas contra la crisis incluya un control estricto sobre el mercado de la vivienda. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo defendió este martes la urgencia de prorrogar la congelación de los alquileres en el decreto ley que el Gobierno aprobará este viernes para paliar los efectos del conflicto en Irán. Para la líder de Sumar, se trata de una medida de “sentido común” ante el encarecimiento imparable de la cesta de la compra y los combustibles.
“Es evidente que están subiendo los precios, no sólo del gasoil y de la gasolina, sino también de la cesta de la compra. Y es evidente que hay un problema habitacional en España. En todas las prórrogas que hemos hecho de los decretos de las sucesivas crisis hemos congelado los precios de los arrendamientos en el país y esto es lo que estamos pidiendo. Creo que esto es el sentido común de nuestro país”.
En declaraciones a la prensa a su salida de la sesión de control al Gobierno en el Senado, Díaz fue tajante al explicar que para muchas familias españolas, pagar un arrendamiento hoy en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia se ha convertido en una “misión imposible”. Bajo este argumento, la ministra presiona al ala socialista del Ejecutivo para que el nuevo plan no se limite al sector energético y rescate la intervención de rentas que ya se aplicó durante la pandemia y la invasión de Ucrania.
El PSOE acoge la propuesta con cautela
El sector del PSOE podría mostrar reticencias ante la propuesta de Yolanda Díaz. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, evitó este martes confirmar si el texto del viernes incorporará estas cláusulas habitacionales y dio a entender que el decreto se centrará en las consecuencias directas de la guerra, dejando en el aire la petición de sus socios.
A pesar de las diferencias, Díaz reconoció que la crisis actual “no es la misma situación que Ucrania” y quiso “mandar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a los trabajadores y trabajadoras, a las empresas y a todo el mundo” al asegurar que “a este Gobierno se le puede criticar lo que sea, pero por desgracia tenemos experiencia en gestionar crisis”. A pocos días del Consejo de Ministros extraordinario, la intervención de las rentas se consolida como uno de los obstáculos ideológicos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el real decreto.