¿Puede un nuevo Gobierno derogar la reforma de las pensiones?

El lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció adelantar las elecciones generales al 23 de julio de 2023. Tras tomar la decisión, procedió a comunicar esta decisión al Jefe Estado (el rey) y proceder a disolver las Corte Generales. Más allá de unas nuevas elecciones, lo cierto es que esta acción obliga a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, lo que afecta a las leyes en trámite.

Además, el cambio de gobierno paraliza la tramitación de todas las iniciativas en curso, lo que implica que más de 60 leyes quedarán sin aprobar. De estas, 25 son provenientes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho han sido aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena han sido impulsadas por los grupos parlamentarios. Ahora, si hay un cambio de Ejecutivo, este puede cambiar o derogar la última reforma de las pensiones llevada a cabo por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

¿Puede un nuevo gobierno derogar la actual reforma de las pensiones?

No, un cambio de gobierno no puede modificar o anular una reforma que ya ha sido aprobada. Toda medida que haya sido aprobada y esté en vigor no puede ser derogada. En el caso específico de la segunda parte de la reforma diseñada por el ministro, José Luis Escrivá, esta se encuentra en vigor desde el 1 de abril y, por lo tanto, no podría ser suprimida mediante un cambio de gobierno.

Dicha reforma fue aprobada bajo el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de marzo.

Una de las cosas que puede no llevarse a cabo si hay un cambio de gobierno es que esta reforma no sea considerada un proyecto de ley. Cuando se produce un cambio en el gobierno y las Cortes quedan paralizadas, cualquier proceso de tramitación de leyes también se detiene. Por lo tanto, si la reforma se estaba llevando a cabo bajo un Decreto-Ley, ya no podrá continuar su proceso de tramitación como proyecto de ley en el Congreso.

Jubilación anticipada para personas con discapacidad puede no ver la luz

Algunas de las normas que podrían verse afectadas y no llegar a aprobarse podrían ser aquellas relacionadas con la jubilación anticipada para personas con discapacidad. Esta norma, que aún se encuentra en trámite, permitiría que las personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 % puedan acceder a la jubilación con 15 años de cotización, de los cuales 5 deben ser con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %. Aunque esta norma se encuentre aprobada en forma de Real Decreto-Ley, al estar en trámite, existe la posibilidad de que no llegue a ver la luz ni ser implementada.

Otra de las medidas que podrían no ver la luz y que afectan a los trabajadores es el Estatuto del Becario y la creación de la Agencia Estatal para el Empleo. Ambas propuestas se encuentran en proceso de debate y tramitación, y su implementación podría estar sujeta a cambios o incluso no llegar a concretarse en caso de un cambio de gobierno. Por lo tanto, es posible que estas medidas no sean finalmente aprobadas y puestas en marcha.

El PP dispuesto a cambiar la norma

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, afirmó que Alberto Núñez Feijóo derogaría la reforma de las pensiones si llega al Gobierno, siempre y cuando se alcance un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo y se garantice que no habrá recortes en las pensiones. El PP acusó al presidente del Gobierno y al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de engañar con su reforma, argumentando que abre la puerta a posibles recortes en las pensiones a partir de 2025 si los gastos superan los ingresos.

Bravo sostuvo que un futuro gobierno del PP no puede aplicar una reforma que ha sido criticada por varios organismos, como la AIREF, el Banco de España y Fedea, y que, en su opinión, deja abierta la posibilidad de recortes en las pensiones a medio plazo. Sin embargo, el PP no ha detallado los cambios que introduciría en caso de llegar al poder.

Es importante destacar, que la segunda fase de la reforma de las pensiones fue aprobada por el Congreso de los Diputados con el apoyo de la Comisión Europea y los sindicatos UGT y CC. OO., pero con la oposición del PP y la patronal CEOE-Cepyme. En el Congreso, el PP y Ciudadanos votaron en contra, mientras que Vox y Bildu se abstuvieron.

Por ahora, la nueva legislación (segunda pata) se enfoca en aumentar los ingresos para hacer frente a las tensiones financieras causadas por la próxima y masiva jubilación de la generación del “Baby Boom”. Durante su defensa en el Congreso, Escrivá insistió en que esta reforma permitirá abordar el desafío demográfico mediante un conjunto de medidas equilibradas que garantizarán la suficiencia del sistema de pensiones.

Qué partes de la reforma no puede cambiar un nuevo gobierno

Sabiendo que un cambio de gobierno no cambiará la reforma de las pensiones, los pensionistas deben saber que las medidas aprobadas hasta ahora estarán garantizadas. En esta última reforma se aprobaron las siguientes:

1. Nuevo modelo dual para calcular la cuantía de la pensión: Se permite calcular la pensión tomando en cuenta los últimos 25 años de cotización o escoger los 29 años, excluyendo los dos peores. Esta modalidad se aplicará progresivamente desde 2027 hasta 2038, año en el que solo se considerarán los 29 años de cotización.
2. Incremento de las bases máximas de cotización: La base máxima de cotización aumentará anualmente, según el IPC, más una cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto supondrá un aumento acumulado del 38% hasta 2050.
3. Revalorización de la pensión máxima: La pensión máxima también se revalorizará anualmente con el IPC, más el 0,115 % hasta, 2050, lo que equivale a un incremento aproximado del 3 %. A partir de 2051 y hasta 2065 se aplicarán aumentos adicionales para que la pensión máxima haya subido un 20 % en total.
4. Subida de las pensiones no contributivas: Las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez aumentarán por encima de la revalorización media de las pensiones, convergiendo en 2027 hacia el 75 % del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal.
5. Subida de las pensiones mínimas contributivas: Se garantizará que las pensiones mínimas contributivas alcancen al menos el 60 % de la renta mediana. Para lograrlo, se realizarán incrementos progresivos entre 2024 y 2027, de modo que en 2027 la mejora total sea del 60 %.
6. Complemento para reducir la brecha de género: El complemento destinado a reducir la brecha de género en las pensiones contributivas aumentará un 10 % adicional a su revalorización anual en los años 2024 y 2025.
7. Mejora en las lagunas de cotización: Se mantendrá el modelo actual para compensar los periodos de cotización no efectuados, especialmente en el caso de las mujeres. Se reconocerán como cotizados los tres primeros años de excedencia por cuidado de hijos y familiares.
8. Cuota de solidaridad: Se establece una cuota de solidaridad que afectará a los salarios que superen la base máxima de cotización, con un incremento progresivo hasta alcanzar el 6 % en 2045.
9. Mecanismo de Equidad Intergeneracional: Este tributo se aplica desde enero de 2023 y aumentará gradualmente hasta el 1,2 % en 2029, siendo compartido entre la empresa y el trabajador.
10. Jubilación parcial: Se espera que el Gobierno presente una propuesta antes de junio de 2023 para garantizar la compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión.