Los trabajadores que por enfermedad o accidente laboral sean beneficiarios de una incapacidad permanente total de la Seguridad Social tienen la posibilidad de acceder a diferentes ventajas económicas además de beneficios sociales y fiscales, siempre que cuenten con un grado de discapacidad de al menos el 33%.
Hasta ahora, el Real Decreto Legislativo 1/2013 establecía que el reconocimiento de una incapacidad permanente daría derecho a tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, lo que abría la puerta a diversos beneficios. Sin embargo, el Tribunal Supremo recordó en la sentencia 156/2020 del 19 de febrero de 2020 que la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez no daba derecho al reconocimiento del grado de discapacidad del 33%.
Pero, la disposición final segunda de la Ley 3/2023 de empleo, establece que será reconocido el grado de discapacidad igual o superior al 33% aquellas personas que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.
Aunque este grado de incapacidad impide trabajar en la profesión habitual, permite desempeñar otro tipo de trabajo. Aun así, encontrar empleo bajo esta condición representa una gran dificultad, por lo que estos beneficios sociales y fiscales proporcionan una ayuda extra.
Ventajas económicas de cobrar una pensión de invalidez
La principal ventaja de cobrar una incapacidad permanente total es la posibilidad de cobrar una pensión y al mismo tiempo seguir trabajando, aunque como hemos dicho, encontrar trabajo presenta una gran dificultad. Las personas que compatibilizan estas dos retribuciones pueden, además de obtener mayores ingresos, seguir cotizado para la futura pensión de jubilación. Incluso si estas son por regímenes diferentes, cabe la posibilidad de cobrar dos pensiones a la vez.
Esta pensión tiene una cuantía fijada en el 55% de la base reguladora, aunque aumenta un 20% hasta alcanzar el 75% en el caso de tener más de 55 años y no tener trabajo, lo que se conoce como incapacidad permanente cualificada. Debido a que la pensión media se sitúa en 963,76 euros mensuales, según los últimos datos de la Seguridad Social, esta puede resultar insuficiente.
Ventajas laborales
Las personas un grado de discapacidad reconocido igual o superior del 33% tendrán derecho a un número de plazas reservadas para empleos tanto del sector público como privado. Los organismos públicos deberán reservar al menos el 7% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad. En el caso de las empresas privadas con más de 50 empleados, será del 2% como mínimo.
Beneficios fiscales
Tener una incapacidad permanente total conlleva una serie de ayudas y deducciones fiscales, aunque estas pueden variar dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se resida. Uno de los beneficios se aplica en la Declaración de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aumentando en 3.000 euros el mínimo exento de tributación. En 2024, el mínimo general no sujeto a impuestos es de 5.550 euros, por lo que un pensionista con incapacidad tiene un mínimo personal y familiar de 8.550 euros, que no estará sujeto a impuestos.
Las personas con discapacidad pueden acceder a varios beneficios a la hora de comprar un vehículo. Estos incluyen una reducción del IVA al 4% al adquirirlo para uso personal, la exención del impuesto de matriculación si el vehículo tiene menos de cuatro años y no se vende en ese periodo, y la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y del impuesto de circulación para quienes tienen movilidad reducida.
Además, las personas con incapacidad pueden obtener medicamentos recetados de forma gratuita si sus ingresos anuales son inferiores a 5.635 euros, o si no superan los 11.200 euros y no están obligados a presentar la declaración de la renta.
Los pensionistas pueden obtener ayudas para adaptar la vivienda para la instalación de rampas, puertas o ascensores. La subvención podrá ser total o parcial dependiendo de las necesidades y recursos económicos del solicitante.
Beneficios sociales
Las personas con un grado de discapacidad de al menos el 33%, disfrutarán descuentos y entradas gratuitas en instituciones públicas y empresas privadas. Estas estarán ofertadas en el Ministerio de Cultura donde se deberá de solicitar.
También, tienen derecho a becas especiales que cubren gastos de transporte, materiales o estudios. El porcentaje de la beca varía según el tipo de incapacidad, pudiendo llegar a cubrir todos los costes en algunos casos. Estas últimas pueden variar dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se resida.
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