La Ley 11/2021, o Ley Antifraude, ha marcado un antes y un después en la gestión fiscal de autónomos y empresas en España. Con su entrada en vigor hace 3 años, Hacienda implementó una serie de medidas destinadas a aumentar el control tributario y promover la transparencia en las operaciones comerciales, contemplando multas que pueden alcanzar los 50.000 euros y, en algunos casos, los 150.000 euros.
La Agencia Tributaria ha intensificado su cerco contra la evasión fiscal mediante la restricción del uso de software de doble uso, que permite a negocios ocultar parte de sus ingresos. Estos programas informáticos permitían a algunos negocios evadir impuestos, emitiendo documentación de ventas sin registrarlas en los libros oficiales.
Hacienda no solo sanciona la utilización de estos programas
La legislación también sanciona su producción, comercialización y simple tenencia. La posesión de sistemas no certificados conlleva multas de hasta 50.000 euros, mientras que las infracciones relacionadas con la comercialización de estos programas pueden ascender a 150.000 euros por cada ejercicio fiscal afectado.
Se estima que programas de doble uso han facilitado la evasión de cerca de 200.000 millones de euros al fisco, una cifra que refleja la magnitud del desafío que enfrenta la Agencia Tributaria.
Obligaciones de los autónomos con Hacienda
Los autónomos son especialmente susceptibles bajo esta nueva norma. No solo enfrentan el riesgo de sanciones por la tenencia de estos programas, sino que además deben adaptarse a un entorno donde la transparencia contable es más crítica que nunca. La reducción del límite de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros subraya la intención del Gobierno de limitar las transacciones no rastreables, una medida adicional en su esfuerzo por cerrar el paso al fraude fiscal.
Con la introducción de esta Ley 11/2021, se espera no solo sancionar las prácticas fraudulentas, sino también incentivar la adopción de sistemas de gestión contable certificados y transparentes. La normativa subraya la importancia de que los autónomos revisen y ajusten sus herramientas de contabilidad a los estándares requeridos, evitando así riesgos legales y financieros.
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