El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Agencia Tributaria (AEAT) han llegado a un acuerdo para prorrogar durante 4 años más, hasta el 31 de marzo de 2030, el convenio de colaboración que regula el intercambio de información entre ambos organismos, con una ampliación de los datos que podrán cruzarse para el reconocimiento y control de prestaciones públicas. La decisión está reflejada en la adenda de modificación y prórroga publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El acuerdo, que ya existía desde el 30 de marzo de 2022, establece un sistema estable y periódico de suministro de información entre Hacienda y la Seguridad Social. En junio de 2023 ya se introdujo una primera modificación para incorporar nuevos datos relativos a los perceptores del complemento de ayuda a la infancia vinculado al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ahora, además de extender su vigencia, ambas instituciones amplían el contenido del intercambio.
Entre las novedades, la Agencia Tributaria deberá facilitar al INSS información del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el reconocimiento y control de la prestación económica por nacimiento o adopción en supuestos de familias numerosas, monoparentales o cuando el progenitor tenga una discapacidad. Asimismo, se prevé que Hacienda pueda suministrar datos tributarios para la gestión de otras prestaciones y procedimientos distintos de los inicialmente previstos, siempre que la normativa lo permita.
El cruce de datos fiscales también se aplicará en procedimientos relativos a pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente, así como en la gestión del IMV, las pensiones mínimas, la tarjeta social digital o la asignación económica por hijo menor a cargo no discapacitado. En el ámbito de la contratación, y a petición del INSS, la Agencia Tributaria podrá facilitar información sobre el Impuesto de Actividades Económicas o sobre si el solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias.
Por su parte, el INSS remitirá mensualmente a la Agencia Tributaria el fichero de fallecimientos de pensionistas no residentes y datos vinculados al complemento de ayuda a la infancia, incluyendo el NIF del titular y de los miembros de la unidad de convivencia.
Refuerzo de la confidencialidad
La adenda introduce también modificaciones sustanciales en materia de protección de datos y seguridad. El texto establece que la obligación de confidencialidad de autoridades y funcionarios sobre la información suministrada “continuará vigente incluso después de la extinción del convenio”, reforzando así el carácter permanente del deber de sigilo.
Además, se incorpora un nuevo apartado en la cláusula relativa a los mecanismos de control para evitar accesos indebidos a datos tributarios por parte de funcionarios autorizados, especialmente en casos que no se ajusten a la finalidad del convenio o en los que pueda existir conflicto de interés. Si se detecta una utilización irregular de la información, se abrirán diligencias informativas y, en su caso, se exigirán responsabilidades disciplinarias o administrativas, con traslado a la autoridad judicial si procede.
El convenio prevé asimismo la posibilidad de suspender o limitar temporalmente el suministro de datos cuando se detecten anomalías en su custodia o uso, o en caso de brecha de seguridad, hasta que queden completamente aclaradas o se adopten las medidas oportunas.
Más control en la gestión de prestaciones
La ampliación del intercambio de información se enmarca en la estrategia del Gobierno de reforzar los mecanismos de control en el acceso a prestaciones sociales, en un contexto de creciente complejidad administrativa y de digitalización de los procedimientos. El cruce sistemático de datos fiscales y de Seguridad Social permite verificar ingresos, situación familiar y cumplimiento de obligaciones, elementos clave para determinar el derecho a determinadas ayudas.
No obstante, la intensificación de estos mecanismos exige extremar las garantías de protección de datos personales, especialmente cuando se trata de información tributaria y social de carácter sensible. La adenda publicada en el BOE trata de equilibrar ambos objetivos: mejorar la eficacia en la gestión y control del gasto público sin menoscabar las obligaciones legales en materia de confidencialidad.
Con esta prórroga, Hacienda y Seguridad Social consolidan un instrumento de cooperación administrativa que se ha convertido en una pieza central en la verificación de derechos y obligaciones de millones de ciudadanos que interactúan con el sistema tributario y de prestaciones públicas.