El secretario de Estado, Marco Rubio, ha ordenado a partir de ahora denegar el visado para entrar en Estados Unidos a extranjeros que tengan obesidad, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, por motivos de edad y, en general, cualquier enfermedad grave. Esta medida tiene el objetivo de evitar que estas personas se aprovechen de la visa para obtener atención médica en el país nortemaericano y que resulten una “carga pública” para este país, según el Gobierno y tal y como ha informado The Washington Post.
No es la primera medida que toma la administración Trump para evitar que más extranjeros lleguen y se queden en Estados Unidos, después de ver cómo incluía una estricta prueba nueva sobre redes sociales para acceder al país, además de la política de deportaciones que está llevando a cabo y que ya anunció prácticamente desde que salió elegido como presidente.
Otras iniciativas que Trump ha impuesto para entrar al país en los últimos meses, por ejemplo, son el pago de tarifas de hasta 15.000 dólares para viajeros de ciertos países, una cuota de 100.000 dólares para trabajadores con visado H-1B, o la negación de trámites por el hallazgo de “opiniones antiestadounidenses”.
Cuándo se aplica la nueva norma
Las nuevas normas, que empezarán a aplicarse en enero de 2026, fueron difundidas a comienzos de noviembre mediante un cable que el Ministerio de Exteriores envió a personal de embajadas y consulados en distintos países. En él se establece que debe “considerarse el estado de salud del inmigrante y determinadas condiciones médicas, como dolencias cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, trastornos metabólicos, neurológicos y problemas de salud mental, que podrían requerir tratamientos cuyo coste ascienda a cientos de miles de dólares”.
Desde hace años, quienes solicitan una visa de residencia permanente en Estados Unidos están obligados a someterse a un examen médico realizado por un profesional autorizado por el Gobierno. Este chequeo incluye pruebas para identificar enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, y la cumplimentación de un formulario en el que el solicitante debe declarar antecedentes de consumo de drogas o alcohol, problemas de salud mental o episodios de violencia. También se exige informar sobre el historial de vacunación frente a enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la hepatitis B.
Un mayor poder para denegar el visado
La nueva orden no solo amplía de forma considerable el listado de condiciones médicas que deben evaluarse, sino que también otorga a los funcionarios migratorios una mayor discrecionalidad para aprobar o denegar visados basándose únicamente en la salud del solicitante y en su capacidad económica para costear cualquier tratamiento sin apoyo estatal. El cable plantea la siguiente cuestión: “¿Cuenta el solicitante con los recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida, sin recurrir a asistencia pública en efectivo ni a una institucionalización prolongada a cargo del Gobierno?”.
Serán los propios funcionarios quienes determinen qué situaciones podrían derivar en una emergencia médica o en gastos sanitarios futuros. En relación con esto, un informe de KFF Health News señala que la nueva norma contradice el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado, que prohíbe rechazar solicitudes basándose en escenarios hipotéticos. En ese mismo documento, Charles Wheeler, abogado principal de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), alerta de que “es preocupante porque este personal no tiene formación médica, carece de experiencia en el área y no debería realizar proyecciones basándose en su criterio personal o prejuicios”.
La medida también pide evaluar la salud de los familiares del solicitante, incluidos hijos o padres mayores. Otra de las preguntas que la Administración Trump insta a formular es: “¿Alguno de los dependientes presenta discapacidades, enfermedades crónicas u otras necesidades especiales que requieran cuidados que impidan al titular de la visa mantener un empleo?”.
Otro aspecto controvertido es que tanto los funcionarios encargados de tramitar los visados como los médicos que examinan a los candidatos a inmigrar podrán especular sobre el coste sanitario de las afecciones del solicitante y sobre su capacidad de conseguir un empleo en Estados Unidos que les permita pagar un seguro médico para cubrir un eventual tratamiento.
A nivel global, alrededor del 10% de la población padece diabetes, y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En este contexto, la decisión de Washington limitará aún más el acceso de inmigrantes al país.
