Tribunal Supremo

El Tribunal recuerda que las entidades deben ejecutar la orden de pago conforme al número de cuenta facilitado por el cliente, sin estar obligadas a comprobar el nombre del beneficiario.

El Alto Tribunal explica que no se puede aplicar el recargo del 10% recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ya que que la prestación por baja médica es una indemnización de la Seguridad Social y no una retribución salarial.

La empresa acreditó razones objetivas que acreditaban un comportamiento inadecuado del trabajador.

El Alto Tribunal establece que aplicar "coeficientes de parcialidad" para calcular el acceso a la pensión castiga doblemente al empleado y es discriminatorio. Un día de trabajo cuenta como un día cotizado para acceder a la prestación, duren lo que duren las horas.

El Alto Tribunal explica que, según la Ley 15/2022, tras agotar la duración máxima de incapacidad temporal y no obtener la permanente, no se puede extinguir el contrato por motivos de salud sin realizar "ajustes razonables”, ya que es discriminatorio.

El Alto Tribunal aclara que basta con la comunicación previa, sin que los vecinos puedan oponerse alegando que la instalación afecta a elementos comunes como el techo o las paredes.

El Alto Tribunal aclara que la adscripción voluntaria a las medidas de un despido colectivo no convierte el cese en voluntario, obligando a la Seguridad Social a abonar el plus por aportación demográfica.

El Alto Tribunal aclara que la empresa se limita a cumplir con la obligación de suspender la cotización, sin que la entrega del finiquito implique necesariamente la voluntad de extinguir la relación laboral.

El Tribunal Supremo rechaza que el silencio del heredero equivalga a una aceptación tácita de la herencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado el carácter indefinido de la pensión compensatoria, al considerar "futurismo" pensar que pueda encontrar empleo a su edad, aunque rebaja la cuantía al tener en cuenta la liquidación de la vivienda familiar.

El Alto Tribunal confirma que estos tributos pueden exigirse si están individualizados, sin necesidad de detallar la cuantía en el contrato.

Aunque fue la hija del fallecido que la autora, el Tribunal Supremo ha confirmado que el BBVA deberá asumir el pago por no pedir nunca la “fe de vida”.

El Alto Tribunal sentencia que excluir a los interinos de estas mejoras voluntarias carece de "justificación objetiva" y vulnera el principio de no discriminación, ya que el perjuicio sufrido es idéntico al de los empleados fijos.

El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede denegar la prestación económica basándose únicamente en que es una "recaída", sino que debe evaluar y justificar si el trabajador ha recuperado realmente su capacidad laboral.

A pesar de que la Seguridad Social suele denegar el pago automático en estos casos, el Tribunal Supremo ha establecido que el INSS debe justificar médicamente la denegación.

Se aplica en todos los sectores y convenios, coincidiendo el Alto Tribunal con la Audiencia Nacional.

No hay temeridad procesal cuando se ejerce un derecho legítimo ante la falta de acuerdo entre los coherederos.

Para tener derecho al complemento a mínimos en la pensión de jubilación hay que sumar todos los ingresos, incluidos el bruto de los planes de pensiones y no solo la ganancia generada.

La clave está en si el testamento incluye o no una sustitución vulgar. En este caso, si lo hacía y el nieto hereda directamente, aplicándose el parentesco más favorable.

Un error en los papeles de la Seguridad Social no puede impedir cobrar el complemento por hijo a cargo si se demuestra que fue un despido.

El Alto Tribunal ratifica la improcedencia del cese al establecer que el convenio sectorial estatal debe aplicarse para exigir el trámite de audiencia previa, supliendo así el vacío regulatorio del convenio provincial.

El Alto Tribunal determina que no pueden exigirse los mismos requisitos en la renovación del permiso que en la autorización inicial.

El Alto Tribunal da la razón a un Policía Local de Vigo en el cobro de los pluses, pero reduce los atrasos reclamables de cinco a cuatro años.

El Alto Tribunal explica que el "día" de permiso se computa por las horas de la jornada ordinaria (8 horas), no por las de la jornada especial (10 o 15 horas).

El alto tribunal fija que serán los jueces quienes valoren caso a caso la falta de transparencia y abusividad de su uso.

El Alto Tribunal explica que la "adscripción voluntaria" a un plan de bajas incentivadas no impide cobrar el complemento, pues la causa real del cese es el despido colectivo.

El Alto Tribunal avala la modificación de Ambulancias Domingo para convertir esa hora en descanso, precisamente porque la empresa obtuvo permiso para garantizar la desconexión.

El Alto Tribunal Europeo explica que el factor determinante es que el trabajador está a disposición del empresario y no puede disponer libremente de su tiempo.

El Alto Tribunal considera que la actividad era mínima, que se realizaron cotizaciones y que no existió mala fe, por lo que solo procede descontar de la pensión el 7,5% correspondiente a la jornada efectivamente trabajada.

El Alto Tribunal explica que la implantación de una guía empresarial sobre registro horario no puede suponer una modificación unilateral ni una minoración de los derechos ya reconocidos a la plantilla.

La Seguridad Social detectó que el funcionario seguía cobrando la nómina como Policía Nacional mientras cobraba la pensión, situación incompatible con el cobro de la jubilación.

El Tribunal Supremo corrige al SEPE y permite compatibilizar ambas prestaciones siempre que se acrediten 15 años cotizados, aunque sean previos al reconocimiento de la incapacidad.

El Alto Tribunal explica que, para este subsidio, el requisito de cotización para la futura jubilación se cumple sumando toda la vida laboral, incluidas las cotizaciones anteriores a la incapacidad.

La justicia considera que intentaron eludir el embargo al traspasar el inmueble cuando ya había un procedimiento judicial en marcha y valida la nulidad de la escritura por tratarse de un acto fraudulento.

La cláusula fue pactada entre las partes y estaba justificada por la inversión hecha por el inquilino. Para evitar contratos perpetuos, el Supremo fija el límite de las prórrogas en 30 años,

Aunque el hombre alegó no haber recibido la notificación y por ende, debía ser nulo, el Tribunal Supremo explicó que la notificación figuraba en el BOE.

La Justicia considera que no es posible exigir al mismo tiempo los intereses de demora y el recargo ejecutivo al tener los dos carácter indemnizatorio.

Los pluses de turnicidad, nocturnidad y festividad o servicio de guardia, se pueden percibir estando de vacaciones, de baja o disfrutando de un permiso retribuido cuando estos se abonaban regularmente, formando parte de la jornada ordinaria.

La comunidad intentó recuperarlos por acuerdo de junta, pero la justicia concluye que la posesión fue continua, pública y pacífica en concepto de dueñas y se consolidó la propiedad por usucapión.

Ni el silencio ni la inacción inicial de la comunidad impiden que se pueda exigir la reposición al estado original.

El Tribunal Supremo explicó que el viudo tenía derecho a la pensión de viudedad porque, tras más de 20 años de convivencia, la boda no pudo celebrarse por el confinamiento derivado de la pandemia, una causa ajena a su voluntad.

El Alto Tribunal recuerda que las fachadas y elementos visibles son bienes comunes y que cualquier modificación requiere autorización unánime de la comunidad.

El Alto Tribunal explica en el régimen de Clases Pasivas la pensión de viudedad debe cobrarse al 100% cuando fallece el ex cónyuge con quien se compartía, pasando el supérstite a percibir la totalidad de la cuantía.

La justicia aplicó la “doctrina Cakarevic” que protege a los ciudadanos de buena fe frente a errores de la administración pública.

Solo tendría que proporcionarlas por prescripción médica o si así se ha estipulado en el convenio colectivo o en el acuerdo de trabajo.

La justicia considera que el casero no actuó con buena fe para forzar el incumplimiento del pago de la inquilina, y anula el desahucio. El contrato de alquiler se mantiene.

El Tribunal Supremo aclara que las cotizaciones realizadas durante la suspensión de la jubilación deben computarse para recalcular la base reguladora de la pensión de viudedad, permitiendo a la beneficiaria optar por la más favorable.

Al heredar, la viuda recibió el usufructo de todos los bienes y los hijos la nuda propiedad, pero cuando decidieron convertir ese usufructo en plena propiedad para repartirse la herencia, Hacienda entendió que era una nueva operación y les cobró otra vez el Impuesto de Sucesiones.

El Tribunal Supremo ha ordenado a esta enfermera que entregue lo que queda de la herencia, unos 550.000 euros a la familia.

La mera descripción del inmueble no sirve para limitar el uso de los mismos, debiendo existir una cláusula específica en los estatutos que prohíba el uso turístico.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la pensión de jubilación al no cumplir con el periodo de carencia específica, a pesar de tener más de 20 años cotizados, debido a una interrupción prolongada en su vida laboral.

El Alto Tribunal confirma que el plazo para reclamar estos importes no empieza hasta que se declara nula la cláusula abusiva.

La entidad que preside Carlos Torres presentó un recurso el pasado 15 de julio contra las condiciones presentadas en el Consejo de Ministros.

El Alto Tribunal explica que, al repartir una herencia, hay que contar también las propiedades que el fallecido regaló en vida a sus herederos, aunque hubiera dicho que no se devolvieran.

La ley catalana solo exige ofrecer alquiler social a las personas vulnerables cuando el procedimiento de desahucio se debe a un impago o ejecución hipotecaria.

La justicia considera que si no se demuestra que los actos de los implicados han tenido relevancia en el resultado del accidente, tanto ellos como sus aseguradoras no son responsables.

El plazo de prescripción no puede empezar a contar antes de que el consumidor tenga conocimiento real y efectivo de la nulidad, tal como exige la doctrina europea.

El magistrado defiende el derecho de los propietarios a recuperar sus inmuebles, ya que no es su responsabilidad que algunas personas no tengan vivienda.

El Tribunal Supremo confirma la condena al empresario de 253.905 euros solo por el fraude de cotizaciones, además de otras multas menores por otros delitos.

El Tribunal Supremo confirma que el banco debe devolver los gastos de gestoría y parte de notaría y registro a los clientes por una cláusula considerada abusiva.