Tribunal Supremo

La sentencia deja sin efecto la obligación que imponía la normativa de Murcia a las empresas de vehículos con conductor. El tribunal entiende que esa exigencia no encaja con un servicio que opera con precios libres y que el usuario conoce antes de contratar.

El Tribunal Supremo aclara que identificar de quién viene el dinero no basta para librarse de Hacienda si el contrato y los movimientos bancarios no lo corroboran.

La STS 5378/2025, de 27 de noviembre, fija doctrina: para que Hacienda no califique una transferencia como ganancia patrimonial no justificada, hay que acreditar tres requisitos, no uno.

Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.

Para que una empresa pueda descontar deudas salariales unilateralmente, la deuda debe ser incontrovertida. Esto es, que no exista controversia por ninguna de las partes.

La sentencia reconoce el derecho de un jubilado de Clases Pasivas a cobrar este plus pese a que ya lo percibía la madre y refuerza la posibilidad de reclamar atrasos desde la fecha de efectos de la pensión.

El Alto Tribunal desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma que estos años deben figurar de forma clara en el historial del trabajador para evitar "lagunas" en su carrera.

El Tribunal Supremo aclara que los 15 años exigidos para la jubilación pueden computarse con toda la vida laboral, pero los requisitos ligados al desempleo deben cumplirse con trabajo posterior y compatible con la incapacidad.

El alto tribunal confirma que la comunidad conocía y toleró la instalación durante más de una década y no se opuso a las obras hasta que estuvieron terminadas, vulnerando la buena fe.

El Alto Tribunal explica que la estricta protección de la Ley 57/1968 solo ampara a quienes adquieren un inmueble con fines residenciales, dando la razón a la aseguradora al quedar demostrado que el comprador buscaba hacer negocio y no fijar su domicilio habitual.

El Alto Tribunal aclara que la comunidad puede demandar también al arrendatario cuando es quien ocupa de hecho el espacio común, aunque solo los propietarios puedan impugnar los acuerdos de la junta.

El Alto Tribunal determina que denegar la ayuda al padre porque ya la cobra la madre supone una "discriminación por razón de sexo" y reconoce el derecho al cobro simultáneo con efectos retroactivos.

El Alto Tribunal explica que, a diferencia de otras ayudas asistenciales, tener descendencia en común no exime del requisito obligatorio de inscribir la pareja en un registro oficial con al menos dos años de antelación al fallecimiento para acceder a esta prestación de carácter contributivo.

Al iniciar una actividad por cuenta propia, el pensionista mantiene el cobro íntegro de su prestación siempre que sus ganancias anuales se mantengan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El Alto Tribunal aclara que la nueva aseguradora que asume la cobertura de una empresa debe hacerse cargo de pagar las prestaciones de los trabajadores que ya estaban de baja, incluso si han superado el plazo máximo legal.

El alto tribunal confirma que no toda obra nueva obliga a acudir al interdicto específico si el despojo ya está consumado y la intervención es de escasa entidad.

El Tribunal Supremo considera que la ayuda debe ser indefinida, ya que debido a la edad de la mujer es casi imposible que pueda volver a encontrar trabajo, aunque le baja la pensión de 2.000 a 1.400 euros mensuales.

El Tribunal Supremo determina que estos días computan a la hora de ver si se alcanza el plazo de 3 meses exigido entre una baja voluntaria y un cese en periodo de prueba para cobrar la prestación por desempleo.

El alto tribunal inicia el procedimiento para ejecutar la sentencia que fuerza al Gobierno tras comprobar que no ha aplicado el fallo que exige equiparar este derecho con el de otros cuerpos policiales.

El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.

El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.

A pesar de estar en situación de vulnerabilidad y tener una menor a su cargo la Seguridad Social le suspendió la prestación al computar como ingreso propio una subvención que recibió su comunidad de vecinos para rehabilitar el bloque.

El Alto Tribunal aclara que los ingresos deben calcularse en términos netos y que, si no superan el salario mínimo interprofesional, la Seguridad Social no puede imponer el alta ni exigir cotizaciones al pensionista autónomo.

La protocolización ante notario no retrasa el inicio del plazo para que Hacienda liquide el impuesto ni evita la prescripción.

Por otro lado, el Alto Tribunal avala que las empresas puedan exigir que se disfrute en periodos de una semana como mínimo.

El Alto Tribunal aclara que no reconocer esta cuantía a un interino cuando sufre una incapacidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.

El Supremo aclara que, en los choques múltiples, los perjudicados pierden el derecho a indemnización si dejan pasar el límite de un año sin reclamar a cada compañía implicada de forma individual.

El Supremo aclara que el acceso a esta modalidad requiere un acuerdo novatorio entre las partes y que el mero "fomento" en la negociación colectiva no supone un derecho automático para el empleado.

El Tribunal Supremo protege la igualdad de condiciones en el trabajo a distancia y prohíbe que las empresas descuenten tiempo o exijan recuperar horas por incidentes técnicos ajenos o necesidades fisiológicas.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas no pueden obligar a los trabajadores a iniciar este permiso desde el momento del suceso, sino que lo dotan de flexibilidad.

El Alto Tribunal fija doctrina y si un funcionario realiza tareas de un puesto superior, no solo debe cobrar más, sino también consolidar ese grado en su carrera profesional.

La entrada de un nuevo empleador que asume la plantilla y los medios materiales supone una sucesión de empresas, lo que invalida la imposición de un periodo de prueba para quienes ya desempeñaban las mismas funciones.

Se debe demostrar dependencia económica y una necesidad de vivienda real para poder mantenerlo.

La parte excedente se considera como un ingreso a la hora de pedir el subsidio y ver si se cumple con el requisito de carencia.

El Tribunal Supremo avala que el plazo para reclamar cobros indebidos comienza cuando la administración descubre el fraude y no cuando concede la ayuda.

El Alto Tribunal aclara que penalizar económicamente a un trabajador por enfermar o por conciliar vulnera la ley de igualdad de trato y constituye una discriminación directa e indirecta.

El alto tribunal confirma que la ampliación ejecutada en la vivienda alteró la fachada y el título constitutivo sin el acuerdo unánime exigido por la Ley de Propiedad Horizontal.

El Alto Tribunal establece que las subvenciones públicas destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual no cuentan como ingresos para el Ingreso Mínimo Vital.

El Alto Tribunal aclara que la herencia sin repartir no impide a un copropietario pedir la división y venta del inmueble cuando tiene una cuota concreta ya determinada.

El Alto Tribunal aclara que los permisos municipales no legitiman el uso de elementos comunes si la comunidad no lo autoriza o revoca ese consentimiento.

Basta con una comunicación previa a la comunidad, siempre que la instalación no cause perjuicios ni afecte a la seguridad del edificio.

Junto a una abogada han presentado un recurso de amparo para anular las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan incrementar estas indemnizaciones por la vía judicial.

La justicia entiende que la valla solo supone una molestia, pero que la cámara y la alarma sí constituyen una perturbación y deberán retirarse.

Dos abogados, con el apoyo de CCOO y UGT, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo donde mantenía su rechazo a incrementar por vía judicial estas indemnizaciones.

El Alto Tribunal considera que se vulneró el principio de capacidad económica al exigirse el impuesto pese a no existir incremento de valor.

El Tribunal Supremo anula la cláusula que quitaba el complemento de puntualidad a quienes enferman, al considerarlo un trato peyorativo prohibido por la nueva Ley de Igualdad.

El Alto Tribunal aclara que las dolencias cardíacas ocurridas en el trayecto de ida o vuelta no gozan de la "presunción de laboralidad" y requieren probar un nexo causal específico con el trabajo.

El Alto Tribunal fija esta ampliación en diez semanas tras descontar del permiso del segundo progenitor el periodo de seis semanas que ambos padres habrían disfrutado de forma obligatoria y simultánea tras el parto.

La antigua LAU solo protege la prórroga forzosa cuando la vivienda cubre una necesidad real del inquilino o de un hijo económicamente dependiente.

Ni la tenencia de animales ni la existencia de hedor bastan para desahuciar a un inquilino si no se acredita un riesgo real para la salud, sobre todo en contratos protegidos por la antigua LAU.

El Alto Tribunal aclara que este tipo de retiro "no es un derecho absoluto" y requiere necesariamente el "acuerdo recíproco" con la empresa y la contratación de un sustituto para ser efectivo.

Rechaza indemnizar a una arrendadora que reclamaba más de 630.000 euros por no poder aplicar el IPC a sus contratos durante el fuerte repunte inflacionario provocado por la guerra en Ucrania.

El Alto Tribunal considera que bastó un único incumplimiento voluntario del régimen de visitas para condenarla por desobediencia

Las cuotas comunitarias prescriben a los cinco años y no a los quince, aunque se hayan generado antes de la reforma legal.

La trabajadora no avisó y presentó el justificante de la ausencia fuera de plazo, superándolo con creces. Así, para el Tribunal Supremo hubo una falta de diligencia.

Establece que no se puede exigir que el trabajador especifique detalladamente las bases del daño moral cuando su estimación es difícil e incide en que el daño moral está indisolublemente unido a la vulneración del derecho fundamental.

El Tribunal Supremo ha corregido el criterio de que el camarote de un barco es un "domicilio particular" y establece que, para los marineros, el buque es centro de trabajo las 24 horas, activando la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo considera que hubo un incumplimiento contractual por parte de la compañía telefónica.

El alto tribunal avala la extinción del contrato cuando los familiares no comunican en plazo el fallecimiento ni su voluntad de subrogarse, aunque continúen abonando la renta.