Las Administraciones Públicas convocarán el 1 de junio de 2022 como fecha límite las plazas temporales ocupadas y el 31 de diciembre de 2024 cerrarán el proceso.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha defendido la ‘judicialidad’ de la medida pese a que la Abogacía del Estado la considera “inconstitucional”.
El Gobierno pretende que cinco años de forma ininterrumpida en el mismo puesto otorguen automáticamente el puesto indefinidamente sin concurso oposición, con la acumulación de las subidas de sueldo correspondientes.