Las disputas entre propietarios e inquilinos pueden acabar mal si alguna de las partes decide tomarse la justicia por su mano. Eso es lo que ha ocurrido en Francia, donde una casera ha terminado condenada por tirar a la basura todas las pertenencias de una pareja de inquilinos que le comunicaron su marcha del piso solo con un mensaje de texto vía WhatsApp.
La dueña, una agricultora de 60 años que gestiona una gran casa dividida en apartamentos, no soportó que sus inquilinos le avisaran por WhatsApp a principios de agosto de que iban a dejar la vivienda el 1 de septiembre.
Según informan desde medios locales, la pareja pretendía regresar el 10 de agosto para recoger el resto de sus cosas, sin cumplir los trámites legales de preaviso que exige la ley francesa, que es notificarlo por carta certificada y, en zonas como Évrecy (donde estaba la vivienda) con tres meses de antelación, unos requisitos parecidos a los de España, pero en nuestro país el preaviso es de 30 días.
La casera tiró las pertenencias de los inquilinos a la basura
La pareja, sin embargo, no pudo llegar a recoger las cosas que habían dejado en la vivienda, ya que la casera había tomado una medida drástica. Tres días después del mensaje, el 7 de agosto, decidió vaciar el piso y tirar todas las pertenencias que quedaban en la vivienda al basurero.
Pero esto no fue lo único, también desapareció el coche de los inquilinos, un antiguo Citroën Saxo, por lo que los inquilinos decidieron presentar una denuncia contra la dueña la vivienda.
El Tribunal fue contundente con la casera, que ha sido multada de 10.000 euros (en mil pagos diarios de 10 euros) y el pago de 3.000 euros por daños morales a la pareja, pese a la mala impresión que causaron los inquilinos durante el juicio. Y es que uno de ellos fue expulsado de la sala por estar ebrio durante la audiencia
La justicia dejó claro con esto que la propietaria no puede tomarse la justicia por su mano, pese a que argumentaba que los inquilinos le debían unos 6.000 euros en atrasos. Tras la experiencia ha decidido que la gestión de los alquileres pase a manos de un comisario judicial para evitar nuevos problemas legales.
