Un propietario es condenado por desalojar a una ‘inqui-okupa’ que no le pagaba el alquiler de su chiringuito

El propietario de un chiringuito en la localidad almeriense de Mojácar, es condenado por un juzgado de Almería, a pagar a la inquilina de dicho local por desalojarla a la fuerza tras meses sin pagar el alquiler. La justicia entiende que ha actuado fuera de la legalidad por usar la fuerza y la intimidación en lugar de seguir el proceso estipulado para estos casos de ‘okupación’.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha condenado al propietario por un delito de realización arbitraria del propio derecho, al actuar fuera de las vías legales. Y tendrá que pagar 6 euros diarios a razón de nueve meses, o lo que es lo mismo, 1.620 euros. 

Cómo sucedieron los hechos 

Según el medio, que recoge la sentencia, en 2018 el propietario del chiringuito ya había solicitado por la vía legal que se desahuciara a la inquilina por impago de las cuotas de alquiler. 

Tras seis meses de espera, en los que el proceso se encontraba en tramitación y cansado de esperar la resolución judicial, el propietario optó por ir él mismo al local junto a 10 personas de una empresa de seguridad contratadas para entrar al chiringuito.

Estos trabajadores, siguiendo las órdenes del propietario que los esperaba en otro local, rompieron la cadena que cerraba el chiringuito, y una vez dentro procedieron al desalojo de un empleado de la inquilina que se encontraba en el interior del local, y al cambio de las cerraduras del mismo. 

Una vez estuvo en el chiringuito, el propietario se quedó con algunos de los enseres que la inquilina tenía dentro del local, tasados en 1.500 euros, como ‘compensación económica’ por el dinero que le debía de alquiler.

Qué hacer si el inquilino no paga

En el caso de que el inquilino deje de pagar el alquiler, deberá interponerse la demanda de desahucio, a la que deberá adjuntarse el contrato de arrendamiento. Una vez hecho esto, se deberá esperar a que la demanda sea aceptada y se inicie todo el proceso legal, en la que se fijarán las fechas del juicio (si lo hay) y del desahucio en el caso de que proceda, que suele ser la mayoría de los casos si el inquilino realmente no está pagando las rentas.

Es un proceso que puede alargarse meses, en el que el propietario del inmueble no podrá acceder a él, cortar los suministros, o utilizar la fuerza para echar al inquilino, en estos casos podría ser denunciado y se le condenaría a pagar, como ha ocurrido en esta sentencia.