Los funcionarios llevan a MUFACE ante el Defensor del Pueblo

Nuevo giro de los acontecimientos en lo que ya se podría denominar como 'el caso MUFACE'. Hace solo dos semanas los funcionarios protestaron delante de la sede de la mutualidad en Madrid para denunciar los recortes sanitarios, pero ahora las advertencias llegan ante el mismísimo Defensor del Pueblo.

Si bien es cierto que Ángel Gabilando, actual representante de este organismo público, solicitó información a la mutualidad en febrero tras el nuevo concierto 2022-2024, firmado por la entidad con las aseguradoras Asisa, DKV y Adeslas. Los empleados públicos adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado buscan ahora explicaciones acerca de la reducción de prestaciones, falta especialistas médicos en consulta, así como de recursos en el actual sistema de asistencia sanitaria para este sector de trabajadores de la AGE.

De hecho, lo han reflejado sobre el papel en forma de queja. En concreto, a las reivindicaciones se han unido los representantes de tres organizaciones sindicales: la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, junto al sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, y la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL).

El caos sanitario en MUFACE: marcado por los recortes sanitarios 

Esta preocupación viene de lejos y hay que remontarse meses atrás. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por Maria Jesús Montero, ha destinado 3.531 millones de euros de cara a los próximos tres años. Una cantidad "insuficiente" para cubrir la asistencia de los 1,5 millones de personas adscritos a MUFACE.  

Todo ello se plasman ahora sobre el papel con 5.000 reclamaciones realizadas por particulares. Todo ello ya ha sido trasladado a Teresa Jiménez Becerril, Adjunta Primera al Defensor del Pueblo. Se basan, precisamente, en la reducción de cuadros médicos y la retirada de centros hospitalarios. 

Es el caso de ciertas especialidades médicas, como las de oncología y radioterapia, en centros sanitarios de referencia como el Hospital Universitario HM Madrid y HM Sanchinarro. A este respecto, también se exige un seguimiento de la cifra exacta de mutualistas afectados con la ayuda de un informe transparente.