Crece el fantasma de otra huelga: el sector transporte ve insuficiente las ayudas del Gobierno

Gobierno y ciudadanos evitaron in extremis en junio otra huelga del sector transporte, con el que mantienen abierta un diálogo bidireccional ciertamente tenso. Ante los temores de que se repitieran las protestas (en su mayoría violentas) y un efecto arrastre sin precedentes que puso en jaque a toda la cadena de suministros nacional, las promesas del Ejecutivo calmaron las aguas.
 
Aunque solo de momento. “No es suficiente”, comunicaba el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) sobre la normativa aprobada este lunes, 1 de agosto, por el Consejo de Ministros para asegurar la rentabilidad del sector. El CNTC es órgano del sector que prendió la mecha del primer parón laboral y que consiguió establecer un escenario real y directo de negociación.
 
Se trata de la denominada Ley de Cadena de Transporte, que tiene como principal objetivo imposibilitar que el transportista por carretera efectivo trabaje de manera real por debajo de los costes individuales. Es decir, que trabaje a pérdidas. Este fue el principal motivo, junto al de los altos precios de la gasolina, que motivó un parón laboral que llegó a alargarse 20 días.
 
En un comunicado, el Comité denuncia que el texto no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado y no actúa sobre un tema relevante en el sector como es la limitación de la subcontratación, “para cuyo desarrollo dispondremos de un periodo de seis meses", señalaban. Los niveles máximos de subcontratación no quedan limitados. 

Palo y zanahoria del CNTC al Gobierno

El Comité hace hincapié en la “complejidad” de la puesta en merca de una normativa “que deja sin resolver el objetivo para la que se acordó”. Pese a su disconformidad, espera que las diferencias no sean “insalvables”, y muestra su disposición a seguir trabajando en los próximos meses.
 
El nuevo real decreto ley contiene la normativa para aplicar el al sector del transporte los mismos principios que rigen la Ley de la cadena alimentaria para no trabajar a pérdidas. En concreto, el texto establece la obligatoriedad de que los contratos firmados se hagan por escrito y reflejen el precio , que siempre deberá ser superior a los costes asumidos por el transportista. 

Multas de hasta 4.000 euros

Además, incluirá un régimen sancionador, con multas de hasta 4.000 euros, y un código de buenas prácticas sobre la subcontratación en el sector con la idea de trasladarlo a una ley en el próximo plazo de seis meses, tras su paso a debate por el Congreso de los Diputados. También detallas obligaciones para que “se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista”,
 
Asimismo, también se contempla un nuevo paquete de ayudas al sector por valor de 450 millones de euros. Este paquete replica las ayudas aprobadas a finales de marzo, con pagos directos de 1.200 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 euros para ambulancias, taxis y VTC.
 
Del mismo modo, se incluye cómo transportar la carga fraccionada en lo relativo a la prohibición de carga y descarga por parte del conductor. Algo que tampoco satisface las expectativas puestas al respecto por el Comité. Como novedad, se incluyen a los autobuses urbanos, los camiones de mudanzas y los taxis de Ceuta y Melilla.