
La última etapa de la reforma laboral se presenta como la enésima contrarreloj, está con muchas curvas, para el Gobierno. Con el 5 de febrero, algo más de un mes, como frontera límite para conseguir el visto bueno de los grupos parlamentarios al real decreto-ley trazado en conjunción con sindicatos y patronal, de momento, se encuentra repleto de obstáculos.
El cierto oscurantismo para la mayoría de partidos políticos del texto que se mantiene en el horno genera cierto clima de incertidumbre y controversia, lo que desencadena en reticencia en esta segunda negociación en el Congreso. De modo que el Ejecutivo se ha visto obligado a mover ficha.
Ofrece tramitar ese real decreto-ley como proyecto de ley. De esta manera, estará abierto a las enmiendas en la Cámara Baja y en el Senado.
Pero no quiere dar la mano y que le cojan el brazo. Es decir, no quiere cambios masivos que pueden ahuyentar a sindicatos y patronal, a los que ya tiene en su bando. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, afirmó que esperan “las menores variaciones posibles. Hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo fruto de un diálogo bastante honesto y en el que los agentes sociales, una vez más, han estado a la altura del país y han demostrado el patriotismo”.
Reforma laboral: aliados como enemigos inesperados
Al ‘no’ esperado del PP, que se resistirá hasta el final a cambiar la ‘reforma Rajoy’, se unen los inesperados de sus socios parlamentarios, claves en los Presupuestos Generales del Estado: ERC, PNV y EH Bildu. Aunque la negativa de estos, que lamentan que la poca cooperación con ellos de PSOE-Podemos, se antoja más flexible.
Para aprobar ese decreto-ley solo requeriría más ‘síes’ que ‘noes’ y el Gobierno, por el momento, solo tiene el de sus propias formaciones (155 diputados). Aunque tiene esperanzas en ganarse próximamente el apoyo de PDECat (4 diputados), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1), Coalición Canarias (1) y Compromís (1).
Reforma laboral: peticiones de ERC y PNV
Republicanos y nacionalistas vascos, que se antojan de nuevo claves, imponen sus propias condiciones. ERC (13 diputados) reclama tramitar con independencia los ERE de las empresas catalanas. Mientras que el PNV (5), que los convenios vascos tengan prioridad a los nacionales. Bildu, por su parte, pide que se “desestatalice la negociación colectiva”. Que para ellos se haga aparte. De hecho, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), pretende juntar filas con ERC y Bildu al considerar “decepcionante” la reforma.
Reforma laboral: la oportunidad de Inés Arrimadas
“Pueriles e inmaduros” calificó Montero los argumentos para la negación frontal del PP a la reforma. Lo que gira la luz sobre Ciudadanos, que ofrece sus nueve diputados al Gobierno de coalición. Eso se traduciría en que el partido de Arrimadas volvería a ganar influencia a tan solo dos semanas de las elecciones en Castilla y León para no salir de las Cortes.
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