El número de personas en exclusión social aumenta de manera drástica con la pandemia

La pandemia del Covid-19 ha hecho que el número de personas que sufren exclusión social haya aumentado de manera considerable. Así lo refleja Cáritas en el informe que ha elaborado de la mano de la Fundación FOESSA, a través de un estudio realizado por 30 investigadores de diferentes universidades en el que se refleja cómo ha afectado la llegada del coronavirus a España y a las diferentes familias que se encontraban en una complicada situación económica.

Tras los datos obtenidos, Cáritas destaca que la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica ha supuesto que sean 11 millones de personas los que han pasado a tener una situación de exclusión social. Esto hace que la pobreza aumente de una manera importante durante una época en la que se han aumentado los despidos debido a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y se ha dificultado el acceso a los diferentes subsidios que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Sin duda alguna, el sector más castigado ha sido la población joven, donde más ha aumentado el número de personas que sufren pobreza extrema y se encuentran en exclusión social. Un hecho que ocurre debido a la gran dificultad que tienen los menores de 30 años para poder encontrar un empleo cuando no tienen experiencia previa, algo que exigen muchas empresas para poder contratar a un trabajador.

Aumenta la exclusión social en los jóvenes

El informe elaborado por Foessa muestra unos datos demoledores con respecto a la población jóven. Tanto es así que cita que en toda España hay 2,7 millones de personas que tienen entre 16 y 34 años que están afectados por un riesgo extremo de encontrarse en exclusión social, algo que les impide desarrollarse como individuos de cara a buscar “un futuro mejor”.

Mucha culpa tiene la gran dificultad que tienen para encontrar un puesto de trabajo estable dentro del mercado laboral actual, algo que el Covid-19 ha debilitado debido a las restricciones sanitarias. El coronavirus ha supuesto el cierre de miles de empresas, pero no solo eso, sino que también ha afectado a cientos de miles trabajadores que han sido afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), estando suspendidos de empleo, siendo parcial o total.

El hecho de no trabajar no solo supone un riesgo de exclusión social por no tener un sueldo, sino que, además, también afecta a la posibilidad de solicitar una prestación al propio SEPE. Esto es debido a que en muchas ocasiones se trata de jóvenes que no han cotizado nunca al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debido a que no han podido trabajar.

Si cotizan menos de 1 año pueden pedir una ayuda

Aunque no es el único caso, para aquellos que sí se han incorporado al mercado laboral, en la gran mayoría de las ocasiones se trata de contratos temporales que no llegan a 1 año. Algo que hace que no tengan derecho a solicitar el paro, siendo esta una nueva dificultad añadida a la solicitud de ayudas económicas al Gobierno de España.

En este caso, siempre que se haya trabajado al menos 3 meses, estos desempleados tienen que conocer que pueden tener acceso a una prestación no contributiva. Se trata del subsidio por insuficiencia de cotización, una ayuda de 463,20 euros al mes que se puede cobrar desde los 3 meses hasta los 21 meses, todo ello dependiendo del tiempo que se haya cotizado a la Seguridad Social como trabajador.

El Gobierno de España cuenta con una nueva ayuda para los jóvenes

Con respecto a este sector juvenil, el Gobierno de España ha elaborado una nueva normativa que pretende ayudar a los más jóvenes a que puedan independizarse y obtener una vivienda. Se trata del bono joven de alquiler, al que el ejecutivo dio ‘luz verde’ hace apenas unos días y se trata de una prestación mensual de hasta 450 euros al mes y que se puede cobrar durante un tiempo máximo de 2 años.

Sobre este bono joven del alquiler hay que conocer diferentes factores clave. El primero de ellos es que de momento no se puede solicitar, sino que habrá que esperar entre 1 o 2 meses hasta que entre en vigor. Además, es imprescindible conocer cuáles son los requisitos que se exigen para poder pedirlo a la Comunidad Autónoma en la que se viva. 

Por último también es importante conocer que ‘no es oro todo lo que parece’, sino que esta prestación cuenta con una serie de lagunas e incertidumbres que se deben tener en cuenta para saber si se tiene o no derecho a pedirla. Pero, ¿cuál es la ‘cara B’ de esta ayuda? La respuesta a la cuestión se puede consultar leyendo el artículo sobre las lagunas del bono joven para el alquiler y sus impactos negativos.

El Ingreso Mínimo Vital supone una ayuda contra la exclusión social

También desde el inicio de la pandemia del Covid-19 el Gobierno de España aprobó una ayuda económica que se destina, precisamente, a estas personas que estaban en riesgo de exclusión social. Se trata del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un subsidio que busca que aquellas familias que lo soliciten puedan tener unos ingresos con los que hacer frente a los gastos diarios como puede ser el pago de facturas o comprar alimentos.

Aunque en este caso ocurre lo mismo que con el bono del alquiler, ya que hay muchas dificultades para poder solicitar y acceder a esta prestación. Tanto es así que el pasado año 2021 terminó beneficiando a un total de 350.000 hogares, muy lejos de la cantidad que se pretendía alcanzar como eran los 800.000 domicilios. Esto supone que 3 de cada 4 solicitudes se rechazen, un dato que castiga al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. Y lo que ha hecho que, a día de hoy, el número de personas que viven en exclusión social se haya disparado.