A poco menos de un mes de que se haya publicado en el BOE la ahora conocida como ‘Ley de interinos’, con la que el Gobierno de España busca atajar la tasa de temporalidad de los empleados públicos en las Administraciones Públicas de un 31% a un 8% en menos de 3 años, será investigada por las altas instancias de la Unión Europea.
Concretamente será la Comisión Europea el organismo encargado de llevar a cabo un exhaustivo análisis a la espera de comprobar “cómo se ha puesto en práctica la nueva legislación, si ha cambiado la situación existente que es grave y viola los derechos de los trabajadores”, indicó la eurodiputada letona y vicepresidenta de Peticiones Tatiana Zdanoka.
Es más, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo pide que se abra una investigación sobre si funciona para acabar con el uso discriminatorio de los funcionarios interinos. Todo ello se ha conseguido después de recibir la queja de un ciudadano español en nombre de asociaciones de interinos. A esta petición se le suman PP, Ciudadanos, Vox, Los Verdes y Unidas Podemos que también han apoyado mantener abierta la solicitud.
La polémica de la 'ley de interinos': reducir la tasa de temporabilidad a toda costa
Lo primero que hay que saber es que los interinos son aquellos que se han presentado a unas oposiciones pero no han conseguido obtener una plaza fija, por lo que son nombrados como tales con carácter temporal. Pueden desempeñar las funciones de cualquier funcionario de carrera, pero no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más.
Los plazos de la 'Ley de interinos' llegan a raíz del compromiso que el Ejecutivo adquirió con Bruselas dentro del marco legal de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a cambios de los fondos europeos, cifrados en 140.000 millones de euros. Las Administraciones Públicas están abocadas a sacar más de 300.000 plazas fijas en 2022 para interinos que pasarán a ser fijos mediante un concurso de méritos, esto es, sin opositar.
Unas circunstancias excepcionales que levantan ampollas entre los opositores. Este es el caso del acceso a la función de docente, que ya va camino de un cuarto borrador del Real Decreto que pretende modificar el anterior RD 276/2007, de 23 de febrero, de acceso a la Función Pública docente.
Sindicatos y asociaciones de maestros y profesores consideran que se trata de una situación “discriminatoria”, ya que se les da una mayor ventaja aquellos que cuenten con más años ocupando una misma plaza.