
Las oposiciones para docentes previstas para el año 2022 están envueltas en una auténtica vorágine que afecta a miles de opositores a lo largo y ancho de la geografía nacional a la espera de conseguir una plaza fija como profesores o maestros en los centros públicos de enseñanza. Pero son hasta 13 comunidades autónomas, entre ellas ocho gobernadas por el PSOE, las que no comulgan con la norma y convocan oposiciones de urgencia para esquivar el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, que se prevé que se ponga en marcha en abril.
Recordemos que el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Por lo que existe una larga lista de CCAA que ya han convocado sus Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en Educación, adelantándose así al Real Decreto de estabilización del empleo. Las primeras en hacerlo fueron Asturias, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. A todas ellas se suman Galicia, Navarra, Cantabria, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Hace solo unos días también se ha sumado Andalucía. A día de hoy, Cataluña y País Vasco todavía no se han pronunciado.
La razón de que esto ocurra no es otra que la puesta en marcha de la nueva ley de interinos, impulsada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, presidido en la actualidad por la ministra Pilar Alegría Continente, con la que el Gobierno de España pretende atajar la temporalidad en el empleo público, con órdenes directas desde Bruselas y, a cambio, acceder a los Fondos Europeos. Concretamente se pretende reducir la tasa de funcionarios interinos a solo un 8% en las Administraciones Públicas a finales de 2024 y que, sin embargo, a día de hoy alcanza de media un 31%.
Por qué las comunidades autónomas convocan oposiciones de urgencia para docentes
El motivo detrás del hecho de que se convoquen oposiciones deprisa y corriendo en la mayor parte de las comunidades autónomas tiene que ver directamente con los requisitos que se incluyen en la norma, en la que se le da más valor a la experiencia laboral que al hecho de haber aprobado un proceso de selección, esto es, la fase de oposición. Por lo que el concurso de méritos cobra un papel protagonista de forma que los maestros y profesores con mayor experiencia laboral tienen más “facilidades” a la hora de conseguir una plaza fija como funcionario de carrera.
Las reacciones al respecto no se están haciendo esperar, considerando estas condiciones “discriminatorias” por parte de sindicatos y asociaciones de interinos. Pero para contexto que engloba la polémica hay que trasladarse al marco legal de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo se tuvo que comprometer con la Unión Europea a cambio de acceder a los 10.900 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria a causa del coronavirus. En definitivas cuentas, un tirón de orejas de Bruselas a España por el abuso de la temporalidad en el sector público, que supera con creces la media europea.
Aunque esta no es la única piedra en el camino que tiene que superar para la nueva ley de interinos, ya que será su legalidad será investigada por la Comisión Europea. Fue el pasado 10 de enero cuando el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo pidió un análisis sobre el impacto de este documento legal. Todo esto ha sucedido tras la queja de un ciudadano español, en nombre de asociaciones de interinos, que ha denunciado la situación laboral del personal interino que trabaja para las instituciones españolas. La solicitud la ha recogido la vicepresidenta de Peticiones, Tatiana Zdanoka, que ha decidido reclamar más información al Ejecutivo europeo.

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