La ministra de trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que en 15 días volverá el diálogo social para arrancar las negociaciones para aplicar las leyes democráticas a las empresas “por primera vez”. Para ello quieren aplicar el artículo 129.2 de la Constitución Española, con el objetivo principal de dar voz a la gente trabajadora dentro de las empresas.
El Ministerio de Trabajo pretende sacar adelante las reformas necesarias para que los empleados puedan participar en los consejos de administración de las empresas, así como facilitar la participación en la propiedad de las entidades. Según Díaz, España es una “anomalía” dentro de Europa en lo que a la participación de los trabajadores en las empresas se refiere.
"Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de co-decisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas", ha detallado la ministra, con el apoyo del informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo a Consejo de Ministros.
Más participación de los trabajadores en la toma de decisiones
El mencionado informe propone que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración en empresas de entre 50 y 1.000 empleados, y la mitad en aquellas que superen los 1.000 trabajadores.
En materia de propiedad, el documento plantea establecer umbrales mínimos de apertura del capital a los empleados, con un requisito legal de al menos el 2% y un mínimo del 10% en el caso de grandes corporaciones. “No queremos con este proyecto de país cooperativizar las empresas mercantiles, lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante”, sostuvo Díaz.
La ministra enmarcó la iniciativa en un diagnóstico sobre la concentración de la riqueza empresarial. “El 10% más rico concentra el 86% de los fondos empresariales. Es un modelo, en términos democráticos, profundamente injusto”, afirmó. A su juicio, la ampliación de la participación de los trabajadores contribuiría a corregir ese desequilibrio y a fortalecer el tejido productivo.
Una solución para conservar empresas “clave”
Díaz advirtió además de que en la próxima década podría perderse un tercio del tejido productivo de pymes y trabajadores autónomos, y señaló que facilitar el acceso de los empleados a la propiedad puede ser una vía para preservar empresas consideradas “clave” para la economía española.
El informe incorpora también propuestas vinculadas a los llamados “retos de época”, como la emergencia climática o el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre ellas, plantea reforzar los derechos de información y consulta de los comités de empresa y reconocer un nuevo derecho para que estos órganos participen en la configuración y den su consentimiento a la implantación de sistemas de IA en el entorno laboral.
Asimismo, los expertos sugieren la creación de un índice de desarrollo democrático corporativo basado en dos escalas, voz y propiedad, que permita evaluar el grado de participación en cada empresa. Esa calificación serviría como mecanismo de incentivos “bonus/malus”: las compañías con mayores estándares podrían acceder a tipos impositivos reducidos o prioridad en la contratación pública, mientras que aquellas con niveles bajos asumirían mayores costes.
La apertura de la negociación en el diálogo social marcará ahora el inicio de un proceso en el que Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales deberán fijar posiciones sobre el alcance y la concreción de estas reformas, que el Ejecutivo presenta como un paso hacia una mayor democratización del modelo productivo español.
