Telefónica tiene la intención de ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a sus principales filiales en España. Así se lo han propuesto a los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y Sumados-Fetico, durante la reunión celebrada este mismo lunes. Si bien no se conoce la cifra exacta de trabajadores afectados, desde las organizaciones sindicales calculan que afectaría a alrededor de 2.500 empleados, contando el grupo español de telefonía con unos 16.000 trabajadores sujetos al convenio colectivo.
En este punto, la operadora va a comenzar a desarrollar el proceso legal para implementar esta reducción de pantalla, siendo el primer paso convocar a los comités intercentros de Telefónica España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles, que son sus tres filiales nacionales. Los trabajadores de cualquiera de ellas, podrán verse afectado por el proceso. Del mismo modo, la compañía tiene la obligación de avisar al Ministerio de Trabajo.
Fuentes sindicales, en declaraciones a Europa Press, han señalado que la compañía ha justificado el “excedente funcional” de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de la fibra óptica hasta hogar (FTTH), al cierre del cobre y a otros elementos, como la automatización de procesos.
Plazo de resolución del ERE
Desde la constitución de las mesas de negociación, el proceso de resolución del ERE tiene un plazo de un mes, celebrándose la próxima reunión el 30 de noviembre (dentro de tres días). Con este movimiento, planteado hoy a los sindicatos, Telefónica abandona su plan de bajas incentivadas en funcionamiento desde 2016.
Este se produjo después del ERE de 2011 (el último ejecutado por la operadora), que afectó a 6.800 trabajadores y se prolongó hasta 2013, envuelto en una gran polémica. Lo fue por el coste que supuso para el Estado a la par que la compañía presentaba grandes beneficios, contexto que motivó a crear la llamada “cláusula o enmienda Telefónica”: todas las empresas que ejecutaran despidos colectivos que afectasen a empleados de 50 años o más, y obtuvieran beneficios, tenían la obligación de realizar una aportación económica al Tesoro Público.
A raíz de las críticas por este último ERE, fue cuando crearon el plan de bajas incentivadas, que es el método que han venido utilizando hasta la fecha para aplicar sus reducciones de plantilla y que no suponía ningún coste para el Estado. Por su parte, desde UGT han avisado de que cualquier plan de salidas pasará por la firma del III Convenio de Empresas vinculadas, con una duración mínima de 3 años, que proteja a la plantilla así como sus condiciones laborales y económicas.
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