Según denuncia el sindicato CSIF buena parte de los afectados por COVID se contagió en su puesto de trabajo, pero solo una minoría ha logrado que esa situación se le reconozca como accidente laboral o enfermedad profesional, lo que ha limitado su protección sanitaria, social y económica.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha presentado estos datos a partir de una encuesta realizada a más de 1.500 personas afectadas, en su mayoría trabajadoras de la sanidad, la educación y las administraciones públicas. El objetivo del estudio ha sido analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en los centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y su vida profesional.
6 de cada 10 trabajadores creen que se contagiaron en su puesto de trabajo
Según los resultados del informe (que se puede consultar aquí), el 62 por ciento de los encuestados cree que se contagió trabajando, aunque a menos de la cuarta parte se le reconoce ese origen laboral. CSIF alerta de que esta falta de reconocimiento supone una peor cobertura económica, más obstáculos para tramitar incapacidades y una menor exigencia de responsabilidad a las empresas, tal y como explica el sindicato en su balance.
La encuesta también refleja un fuerte impacto laboral y psicosocial. El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, mientras que un 69 por ciento solicitó ayuda psicológica, aunque solo el 7,6 por ciento la recibió. Además, el 41,5 por ciento afirmó haber sufrido presión o discriminación en su empresa, y el 67 por ciento aseguró que su centro de trabajo no sabe cómo actuar ante esta situación.
El perfil más habitual entre quienes respondieron fue el de mujeres del ámbito sanitario de entre 41 y 60 años. Sin embargo, el estudio indica que el covid persistente también afecta a empleados de las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con consecuencias como bajas prolongadas, dificultades para volver al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptar el puesto.
CSIF recuerda que el covid persistente es una condición en la que los síntomas continúan o aparecen tras la fase aguda de la infección, durante semanas o meses, sin otra causa que los explique. Entre las secuelas más repetidas en la encuesta figuran la fatiga extrema, los dolores musculares o articulares, la niebla mental, la pérdida de memoria, el insomnio, la ansiedad, la depresión y el dolor neuropático.
Pese a ese cuadro, el 51,6 por ciento de los afectados asegura que no recibe un tratamiento médico específico. Para el sindicato, este dato evidencia las dificultades que todavía existen tanto en el diagnóstico como en la atención sanitaria de esta enfermedad.
El sindicato sitúa esta denuncia coincidiendo con en el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, una fecha que, a su juicio, obliga a revisar la respuesta institucional dada a quienes arrastran secuelas duraderas desde los primeros contagios. CSIF sostiene que el problema no se limita al ámbito sanitario, sino que se ha extendido a distintos sectores y sigue teniendo efectos directos sobre el empleo, la salud mental y la calidad de vida.
Además, la organización subraya que la falta de un criterio homogéneo para el diagnóstico, el tratamiento y el reconocimiento laboral genera desigualdad entre trabajadores con cuadros similares. Según su valoración, esta situación deja a muchos afectados en una posición de vulnerabilidad prolongada.
¿ Qué reclama CSIF ante estos resultados?
A partir de los resultados de la encuesta, CSIF reclama que el covid persistente sea reconocido como enfermedad profesional o, al menos, como patología relacionada con el trabajo. También pide la creación de un fondo de compensación para los trabajadores contagiados por exposición laboral, así como protocolos específicos de prevención y gestión en los centros de trabajo.
Entre sus propuestas, el sindicato reclama además la adaptación de puestos, el refuerzo del seguimiento médico laboral, más atención a la salud mental, una protección social más sólida y una protocolización homogénea del diagnóstico y del tratamiento. A esto sumó la implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud, la creación de un registro estatal de pacientes y trabajadores afectados y una Mesa Técnica Nacional sobre covid persistente.
Con estas reivindicaciones, CSIF sostiene que las administraciones y las empresas deben dejar de tratar esta situación como un problema residual. A su juicio, las secuelas del covid persistente siguen condicionando la vida de miles de trabajadores y exigen una respuesta pública más clara, coordinada y estable.
