Llevan tiempo sin dar con la clave para regularizar la situación laboral de los repartidores de comida a domicilio, apodados como ‘Riders’. De hecho, en agosto de 2021, entró en vigor la Ley Rider con la intención de dar respuesta a la precariedad del sector y convertir en asalariados a todos aquellos falsos autónomos, pero, dos años más tarde, el pulso entre las grandes empresas que lideran estos servicios y los trabajadores por cuenta propia, sigue imperando.
En su lucha por garantizar los derechos de los repartidores, hace un mes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzaba un rotundo mensaje en rueda de prensa a la empresa de reparto Glovo, donde, sin mencionarla, sentenciaba que “en democracia, la legalidad imprime obligaciones para todo el mundo por igual. Por muy grande que sea una empresa, no se va a colocar al margen de la ley”.
Sin embargo, desde la Asociación Unificada de Riders (AUR), consideran que se trata de una ley “llena de imperfecciones”, en palabras de su presidente, Fernando Roan, durante una entrevista concedida a NoticiasTrabajo. “Tiene muchos puntos negros que hacen referencia a una presunción de laboralidad, donde las plataformas están estirando el chicle para no contratar a ningún rider” añade. Lo mismo creen los propios falsos autónomos a los que ha tenido acceso este medio, a los cuales aún no se les ha regularizado su situación, aunque tampoco quieren:
Prefiero seguir siendo autónomo, porque sino, las empresas no contratan”, mientras que otros se echan las manos a la cabeza cuando recuerdansus condiciones en los días de lluvias fuertes, en los que, “si estás contratado, te toca trabajar.
¿Por qué Glovo o Uber Eats no contratan?
Tras la ley, “la mayoría hemos seguido como falsos autónomos. No está surgiendo efecto”, comenta uno de los tantos riders migrantes que no tiene permiso de trabajo en España, que se encuentra en las filas de las empresas de delivery y cuyo régimen laboral todavía no ha cambiado. Y aunque desde AUR defienden un modelo mixto, es decir, “autonomía plena o la existencia de contratos, donde un autónomo pueda negociar libremente las tarifas”, parece que las grandes empresas siguen mirando por sus propios intereses: optar por clasificar a sus repartidores como trabajadores autónomos en lugar de asalariados.
Costes laborales más bajos
Al clasificar a los repartidores como autónomos, las empresas pueden evitar pagar ciertos beneficios laborales y costes adicionales como seguridad social, vacaciones pagadas o seguros de salud, lo que revierte en un ahorro significativo para la compañía.
Contratación y despido sin restricciones
A menudo, estas empresas necesitan ajustar rápidamente la cantidad de repartidores en función de la demanda. Por ello, la clasificación como autónomos facilita la contratación y el despido sin las restricciones asociadas con los empleados asalariados.
Reducción de responsabilidades legales
Las empresas de delivery pueden reducir su responsabilidad legal en cuanto a ciertos problemas laborales, como disputas sobre salarios y condiciones laborales.
“Deberían reforzar la Inspección de Trabajo”
Ante tal situación, el presidente de la AUR es consciente del papel que juega la Inspección de Trabajo para luchar contra “este fraude laboral”. Por ello, asegura que una de las soluciones para poner fin a este problema es “reforzar la Inspección de Trabajo, porque sus trabajadores están colapsados”.
Roan destaca, además, que las condiciones que tiene un asalariado en cualquiera de las empresas de delivery “es cada vez peor: la Ley Rider ha traído peores ingresos al repartidor desde su entrada en vigor, y cada vez, las plataformas pagan menos”. Recuerda así cuando el delegado del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en Glovo, un tal Fernando, según apunta el presidente de AUR, “nos mentía a través de un grupo de Whatsapp, diciendo que íbamos a cobrar un salario de 1.580 euros brutos y que nuestro convenio iba a ser el de Transportes”, lamenta el presidente.
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