El Bloque Nacionalista Galego (BNG) forzará este martes 14 de octubre que el Congreso vuelva a discutir la reducción de la jornada laboral. La iniciativa, registrada por el diputado Néstor Rego con el apoyo del sindicato CIG, propone recortar el máximo legal para pasar de las 40 horas actuales hasta las 35 semanales sin pérdida salarial. El debate llega apenas un mes después de que PP, Vox y Junts sumaran mayoría para tumbar el proyecto del Gobierno (a impulso de Sumar) que aspiraba a fijar el umbral en las 37,5 horas.
La proposición del BNG, incluida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la XV Legislatura, plantea modificar el Estatuto de los Trabajadores para fijar un nuevo tope de jornada ordinaria y reforzar el control de las horas extra y del registro horario. Los nacionalistas gallegos sostienen que “la Administración ya opera con 37,5 y, en muchos ámbitos, con 35 horas”, y llaman a las fuerzas a “ser valientes” para acompañar una reforma que (alegan) mejoraría la conciliación y la productividad. El texto fue calificado por la Mesa en febrero y se somete ahora a su primera votación en el Pleno.
El precedente inmediato pesa sobre la aritmética. El 10 de septiembre, la suma de PP, Vox y Junts avaló las enmiendas a la totalidad y devolvió el proyecto de 37,5 horas al Ejecutivo. La derrota supuso un revés para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que avisó de que la medida “será ley”, pero dejó patente la fragilidad parlamentaria del Gobierno en este terreno.
Una jornada laboral a nivel de la Unión Europea
Más allá de la pugna política, el contexto laboral ofrece matices. Según estadísticas europeas recientes, la jornada media efectiva en la UE ronda las 36 horas; en España, se sitúa en torno a 36,4, en línea con el entorno. Es decir, parte del ajuste de facto ya se produce vía organización del tiempo de trabajo, convenios y bolsas de horas.
A la vez, el debate se cruza con una productividad estancada, pues distintos análisis apuntan a un PIB por hora trabajada avanzando con lentitud (apenas medio punto interanual en 2025), al tiempo que crecen los costes laborales.
Una jornada laboral real
En paralelo, la Inspección de Trabajo ha intensificado la vigilancia sobre jornadas y horas extraordinarias. Solo en 2024, las sanciones por incumplimientos vinculados al tiempo de trabajo y a las horas extra superaron los 17 millones de euros, mientras que las relativas al registro horario rozaron los 3 millones, según datos oficiales recopilados por publicaciones jurídicas.
El Ministerio, además, trabaja desde 2019 con una guía sobre el registro de jornada y ha impulsado en los últimos meses cambios para digitalizar y homogeneizar los sistemas de fichaje.
La propuesta del BNG introduce otra capa al debate sobre cómo repartir el empleo y reducir el estrés laboral. El partido sostiene que la semana de 35 horas (y, a medio plazo, la referencia de 32 horas en cuatro días) contribuiría a una distribución “más justa” del trabajo sin merma salarial, con efectos positivos en salud y conciliación.
Sus críticos, en cambio, alertan de la subida en los costes y competitividad, sobre todo en pymes y sectores intensivos en mano de obra, e insisten en ligar cualquier recorte a ganancias de eficiencia o a acuerdos sectoriales que atenúen el ajuste.
