La Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han alcanzado este jueves un preacuerdo por 250 millones de euros, que será ratificado en la Mesa General de Negociación Común este viernes para mejorar la calidad del empleo público y modernizar la Administración autonómica, con una vigencia hasta el año 2030. El pacto beneficiará a más de 65.000 empleados públicos, entre personal funcionario, laboral y de justicia, y se enmarca en el desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía.
Un pacto que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de “histórico”, mientras que los sindicatos han señalado en un comunicado de prensa conjunto, que este avance ha sido posible “gracias a la presión sindical ejercida” por las tres organizaciones en las últimas semanas tras el anuncio de movilizaciones por la “paralización” del proceso y la la falta de informe económico favorable sobre las cuantías negociadas "durante meses", según recoge Europa Press.
Un modelo basado en mérito, evaluación y estabilidad
El convenio, que se elevará al Consejo de Gobierno junto con los informes preceptivos, prevé una “transformación” de la Administración autonómica mediante la simplificación de procedimientos y la digitalización de los servicios, para avanzar hacia una organización “ágil, digital, eficiente y orientada a resultados" al tiempo que sitúa como eje central la mejora del empleo público, considerada “condición indispensable para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía”. Según recoge el texto, se desarrollará un modelo basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la formación continua y la estabilidad, junto con una mejora de las condiciones laborales y salariales de las empleadas y empleados públicos.
También se impulsará la promoción profesional mediante una “reorganización estratégica de ciertos puestos de trabajo”, lo que permitirá anticipar las “necesidades futuras y reales” de la Administración, optimizar los recursos humanos disponibles y corregir los “desequilibrios funcionales y territoriales existentes”.
Convenios colectivos, transparencia y acción social
En el trato se incluye el compromiso de finalizar la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral antes del 31 de diciembre de 2025, sustituyendo al vigente desde 2002. Asimismo, se actualizarán los convenios del Sector Público Instrumental para adaptarlos al nuevo marco normativo y a las demandas organizativas actuales.
Otro de los aspectos destacados será el impulso al desarrollo normativo necesario para regular la cobertura de puestos de responsabilidad, estableciendo “criterios claros de selección y evaluación” y avanzando hacia procedimientos “objetivos y transparentes”, reforzando así el sistema de concursos específicos frente a los puestos de libre designación.
En materia de recursos humanos, el acuerdo respalda que la “adecuación de los recursos humanos a los centros de trabajo garantizará el mantenimiento de las plantillas actuales y se evitará la externalización de funciones propias”. Esto incluye también un nuevo modelo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) integral, salvo en el caso del Servicio Andaluz de Salud, que contará con un servicio propio y recursos disponibles.
Por último, la Junta y los sindicatos acordaron que en 2026 se iniciará la recuperación del derecho a las ayudas de acción social de los empleados públicos andaluces, suspendidas en 2012, que “priva al personal de la Administración de prestaciones para una mejor conciliación familiar y laboral, para el apoyo en el cuidado de hijos y ascendientes a cargo, o de carácter sociosanitario”.
