La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará a partir del próximo mes de marzo y no implicará, en principio, un refuerzo de las plantillas. Así lo ha asegurado este miércoles UGT Servicios Públicos, en una jornada en la que el debate sobre el tiempo de trabajo en el sector público ha vuelto a cobrar protagonismo tras la reclamación de CSIF para que la medida se extienda de forma efectiva a toda la Administración del Estado y a Instituciones Penitenciarias.
El sindicato ha explicado que la entrada en vigor de la nueva jornada está pendiente de un último trámite en la mesa general de negociación, cuya fecha aún no se ha fijado, pero que permitirá activar formalmente la medida en marzo. La implantación responde al compromiso recogido en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, suscrito por CCOO y UGT con el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública.
Durante un desayuno informativo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el responsable del área de la AGE, Carlos Álvarez, subrayaron que la reducción de jornada no conllevará un incremento de la contratación. El Ministerio ya había comunicado a las organizaciones firmantes que había iniciado el procedimiento para implantar las 35 horas semanales en cumplimiento de lo pactado.
Para Instituciones Penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla llegará más tarde
La jornada de 35 horas forma también parte del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito por CSIF y UGT, al que posteriormente se sumó CCOO. No obstante, UGT ha reconocido que la aplicación presenta particularidades en determinados colectivos.
En concreto, el sindicato ha señalado que el principal escollo se sitúa en Instituciones Penitenciarias y en el personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que cuentan con una instrucción específica y requieren acuerdos anuales sobre la distribución del tiempo de trabajo. Para estos colectivos, la reducción de jornada podría materializarse un mes más tarde que en la AGE, previsiblemente en abril.
Araque destacó además la dimensión territorial del debate. “¿Para quién va a ser fundamental las 35 horas? Para la Comunidad de Madrid, porque la presidenta dijo que hasta que no la asumiera el Estado, la comunidad no lo asumiría”, afirmó, al tiempo que recordó que cerca del 90% de la administración local ya tiene reconocida esta jornada desde hace años.
La implantación generalizada de las 35 horas en el sector público estatal reabre así un debate recurrente sobre la organización del empleo público, la suficiencia de las plantillas y la homogeneidad de condiciones entre administraciones. Mientras los sindicatos defienden que la medida no supondrá un aumento automático de efectivos, queda por concretar cómo se reorganizarán los servicios en los ámbitos con mayor presión asistencial o con regímenes horarios específicos.
