JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de Policía, ha reformulado y presentado de nuevo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo en la que acusa a la Dirección General de la Policía (DGP) y al Ministerio del Interior de vulnerar derechos fundamentales de los agentes por un “incumplimiento generalizado, prolongado y estructural” de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. La organización sostiene que existe un modelo preventivo “meramente formal y burocrático”, sin eficacia real y alejado de los estándares exigidos por la normativa española de seguridad y salud en el trabajo.
El sindicato subraya que esta acción judicial se ha reforzado con una redacción “más contundente” y técnicamente precisa, después de que la propia Audiencia Nacional instara a detallar aún más los incumplimientos atribuidos a Interior. El tribunal, recuerdan, no llegó a valorar el fondo del litigio en la anterior tramitación, sino que solicitó una reformulación del escrito, algo que JUPOL interpreta como un trámite habitual y no como una desestimación.
Un clima de confusión sindical
La presentación del nuevo documento llega después de que dos organizaciones sindicales difundieran, según JUPOL, una interpretación “errónea” del proceso, insinuando una supuesta retirada de la demanda. La organización considera que esa lectura resulta difícil de justificar, dado que representantes de esas centrales estaban presentes en la vista. El sindicato denuncia un intento de “desinformar” al colectivo policial y asegura que no permitirá que se distorsione el procedimiento.
Deficiencias estructurales y agravamiento del riesgo
La demanda detalla un amplio catálogo de fallos en el sistema preventivo: falta de evaluaciones reales de riesgos, ausencia de planificación eficaz, inexistencia de auditorías internas y deterioro generalizado de instalaciones. JUPOL alerta de que la carencia de equipos de protección individual adecuados (como chalecos antibalas caducados o no adaptados) o la falta de armeros homologados expone a los agentes a situaciones de riesgo “perfectamente conocidas” por la Administración .
El sindicato vincula estas carencias al aumento de agresiones contra policías, que alcanzaron en 2024 su máximo histórico reciente con 16.878 ataques, según datos oficiales del Gobierno. Pese a ese incremento, afirma, la DGP “no ha reforzado” el sistema preventivo ni adaptado los protocolos a esa realidad.
Riesgos psicosociales ignorados
Una de las acusaciones más sensibles que recoge la demanda es la “negación sistemática” de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades sometidas a fuertes tensiones operativas como las UIP. Según JUPOL, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente las solicitudes formales de evaluación, pese a los datos sobre bajas psicológicas e incidentes en servicio.
En un contexto de creciente atención pública a la salud mental en cuerpos policiales y de seguridad, la falta de mecanismos de detección y prevención supone, según el sindicato, una vulneración directa del derecho a la integridad moral.
Participación sindical reducida a un trámite
El sindicato también acusa al Ministerio del Interior de restringir la participación sindical a un procedimiento “meramente formal”, vulnerando el artículo 28.1 de la Constitución. En el escrito se mencionan la falta de consulta previa, la negativa a entregar documentación esencial, la dificultad para realizar visitas de prevención y las decisiones unilaterales que dejan sin efecto la representación sindical en materia de seguridad laboral.
La demanda solicita que la Audiencia Nacional declare acreditado un incumplimiento generalizado y prolongado del deber de protección, así como la vulneración de derechos fundamentales de los agentes. También exige que Interior adopte medidas preventivas eficaces, evaluando de forma actualizada los riesgos a los que se enfrentan los policías nacionales.
El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, sostiene en la nota que la acción judicial era “ineludible”: “La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad”, afirma Rivero, antes de reclamar el cumplimiento estricto de la ley.
