El Gobierno no soluciona sus problemas con la Inspección de Trabajo

El Gobierno de España cuenta en sus planes estipulados con aumentar en este 2023 hasta los 2.332 los efectivos que componen su plantilla de Inspectores y Subinspectores de Trabajo con la incorporación de unos 133 funcionarios que se encuentran inmersos en la finalización de sus procesos de formación y selección y a cuyo término, pasarán a formar parte del equipo estatal.

El pasado año se aprobó una oferta de empleo público con 181 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (146 de acceso libre; 36 de promoción interna); otras 146 plazas para el Cuerpo de Subinspectores (126 de acceso libre; 20 de promoción interna); y 128 plazas para el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.

CCOO acusa al Gobierno de que “no hay nada nuevo”

Estos 2.332 son “cifra récord en España”, según explican desde el propio Ejecutivo en la respuesta escrita emitida a una de las preguntas formuladas por Ciudadanos en una reciente sesión de control y a la que ha podido tener acceso ‘Europa Press’, pero que, sin embargo, todavía se queda a 2.168 funcionarios del mínimo exigido desde el organismo para su correcto funcionamiento, que es de 4.500, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No solo se va a aumentar el número de personal, si no que además se procede a hacerlo también con la dotación presupuestaria asignada al mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras del organismo, que en los tres últimos años se han visto incrementadas en un 41,5%, pasando de 145,8 a 206,3 millones de euros.

"No hay absolutamente nada nuevo", declaró al mismo medio el responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado en CCOO y también inspector de trabajo, Josetxo Gándara, sobre los planes del Ejecutivo, que a pesar de ser anunciados a bombo y platillo, no responden a ningún plan “extraordinario” si no que se enmarcan dentro de su hoja de ruta habitual.

El nivel actual de recursos y plantilla de la Inspección, según Gándara es propia de “un país en vías de desarrollo” desde que el organismo, en 2018, se ‘separara’ del Ministerio de Trabajo y se convirtiera en autónomo.

Un sistema informático que “la mitad del tiempo no funciona”

Diez millones de euros reveló el Gobierno que invertiría en la mejora del sistema informático y tecnológico con el que trabaja la Inspección, en otra de las respuestas escritas a las que tuvo acceso la agencia con el propósito de aumentar la eficacia de la actividad inspectora y reforzar la herramienta de lucha contra el fraude. El encargado de gestionarlo será una nueva unidad, la de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Apoyo a la Planificación.

Gándara, aunque aplaude la iniciativa, la califica como insuficiente y afirma que no solucionará la raíz del problema, con los servidores y también con la aplicación informática Integra, y que únicamente servirá para aumentar la flota de terminales y ordenadores portátiles del equipo. “La mitad del tiempo no funciona”, declara del mismo sobre el programa que resulta vital obtener datos e información de las empresas en su lucha contra el fraude, siendo blanco habitual de queja y crítica por parte de los trabajadores.