Glovo despide al 6,5% de su plantilla tras la última multa millonaria de Trabajo

La compañía de reparto a domicilio, Glovo, ha anunciado el despido de 250 trabajadores, concretamente, el 6,5% de su plantilla. Así lo ha comunicado su consejero delegado, Óscar Pierre, quien también ha avanzado que esto afectará, en mayor medida, a los trabajadores de la sede en Barcelona. Una decisión que llega tras otra multa millonaria por parte de la Inspección de Trabajo.

Algunos motivos han llegado a la compañía a tomar esta drástica decisión. Pierre justifica su decisión por “ineficiencias en sus operaciones” y por la “evolución del mercado”. A pesar de ello, no se verán afectados ni mensajeros, ni repartidores, ni personal de almacén. El recorte de personal va dirigido a quienes conforme el apoyo empresaria, de contratación y de datos.

Así que, por el momento, sus ‘riders’ pueden estar tranquilos. En el comunicado emitido añaden que la decisión no estaba en los planes de hace seis meses, por lo que no influirán en la cuenta de resultado de la empresa de este 2023. Aunque haya que ver cómo se enfrenta a las multas porque las sanciones no para de acumularse.

En este sentido, desde Comisiones Obreras (CCOO) explican que únicamente es posible si la media está relacionada con la última sanción millonaria. “Solo si se considera a los empleados de reparto se podría hablar de una conexión, pues los servicios centrales están regularizados”.

Glovo España acumula más de 205 millones de multas con Trabajo

El Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, lleva meses siguiéndole los pasos a la compañía de reparto a domicilio. Tras encontrar irregularidades de contratación entre sus riders (los repartidores), su última sanción vino hace apenas una semana por un total de 56 millones de euros. La razón es la supuesta contratación de falsos autónomos y por el trabajo irregular de personas extranjeras. 

Todo esto ha provocado que la multa ascienda a los 205,3 millones de euros. Y es que la compañía continúa contratando a autónomos, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Riders hace más de un año. El Gobierno de España ha endurecido el código penal para castigar con penas de prisión de hasta seis años por delitos contra el derecho de los trabajadores.