Fedea avisa de los ‘fallos’ de la reforma del subsidio: no va a mejorar la empleabilidad

La reforma del subsidio por desempleo, la ayuda asistencial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha estado envuelta en polémica desde su concepción hasta su aprobación. Recientemente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), advirtió que su ejecución supondrá 2.500 millones de euros al año, un gasto superior a las estimaciones del Gobierno. Sin embargo, este dato fue desmentido por el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Sobre este cálculo, Pérez-Rey declaró que “no tiene bases sólidas reales” y que entendían que el papel era “reflejar más la opinión personal del autor que un estudio sosegado y riguroso de la realidad de la reforma del subsidio”. Sin embargo, no es el único punto controvertido del estudio elaborado por Fedea de esta reforma, ya que tampoco augura grandes beneficios a la hora de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios del subsidio. 

No fomenta a buscar empleo a los que llevan más tiempo desempleados

Para la fundación, la opción elegida en la reforma del subsidio avanza en la generación de incentivos para la búsqueda y aceptación de empleo, al permitir durante los primeros 180 días el cobro del salario junto con una parte del subsidio. Esto evita el “fuerte desincentivo” que existía anteriormente de aceptar un empleo en el que se ganaba menos, pero la cuantía que se percibe por esta ayuda va decreciendo en función del tiempo que llevemos cobrándola. 

Esto para Fedea tiene una doble interpretación: anima a salir de la situación de desempleo lo antes posible, pero también reduce el incentivo a quienes llevan en desempleo más tiempo, que es una mayoría. A esto se suma que como la cuantía que se cobra es “muy modesta”, que es lo mínimo para cubrir el umbral de subsistencia, “no hay demasiado margen para la estrategia de ir reduciéndolas para incentivar la vuelta al mercado de trabajo”. 

Por este motivo, consideran que hubiera sido más efectivo para mejorar la empleabilidad, optar por “el endurecimiento de las exigencias de búsqueda y de no rechazo de ofertas de empleo, y en la mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas desde los servicios públicos de empleo”. Son cuestiones que, según la organización, casi que no se modifican con la reforma, siendo un error. 

Obligaciones de los beneficiarios “poco concretas”

En relación con lo anterior, Fedea manifiesta que el objetivo del Gobierno de mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio a través de las políticas activas de empleo “parece lejos de cumplirse” debido al “desequilibrio entre los muy definidos derechos (aunque de difícil cumplimiento en la práctica por los servicios públicos de empleo) y las poco concretas obligaciones de los perceptores de las prestaciones, las severas deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para cumplir con su función de orientación e intermediación debido a su escasa relación con las empresas (perfilado efectivo de oferta y demanda), y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómico”.

En este sentido, declaran que la eficacia del compromiso de actividad para medir la intensidad de la búsqueda de empleo “decae de forma significativa cuando los servicios públicos de empleo tienen un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo y manejan un número muy reducido de las vacantes de empleo existentes”. Una limitación que atañen al hecho de que no son capaces “de ofrecer un servicio eficaz a las empresas (envío previo perfilado de las personas adecuadas a las características de los empleos disponibles”.