El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha respondido esto mismo jueves a la recién conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En esta, el órgano vuelve a insistir en que España no cuenta con las medidas adecuadas para evitar y sancionar el abuso de la temporalidad en las Administraciones públicas, aunque el ministro se ha escudado en que ya se ha alcanzado el 75% de las regulaciones de interinos y en que el Gobierno “ya tiene una ley” con la que se “anticiparon” al problema de la temporalidad que está dando “resultados extraordinarios”.
Así lo asegurado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, en la I Jornada de reflexión sobre los Derechos Digitales celebrada en San Fernando (Cádiz), donde también ha manifestado que está a la espera de conocer la opinión del TJUE sobre “casos previos al 2021”, argumentando que es una cuestión que “atañe fundamentales a los tribunales y cómo los tribunales tienen que resolver esos conflictos”.
Sobre esto, la justicia europea ha señalado, como ya hizo en febrero, que la normativa española no cuenta con las “medidas adecuadas” para sancionar el abuso de la temporalidad en las administraciones, por lo que “a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos”, ha vuelto a señalar la conversión de los interinos de larga duración en fijos como solución. No obstante, señalan que son los tribunales españoles los que tienen la decisión, dejando una serie de orientaciones para interpretar esta cuestión conforme al Derecho comunitario.
Escrivá quiere extrapolar la reforma laboral al sector público
Sobre el pronunciamiento del TJUE, José Luis Escrivá también ha señalado que “más allá de estos casos históricos”, cree que “lo más importante es mirar hacia delante a todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, para que lo mismo que ha ocurrido en el ámbito del sector privado, donde hemos hecho una reversión con la reforma laboral de la temporalidad, se consolide en el sector público de forma análoga”.
En este sentido, ha apuntado que el Gobierno tiene el objetivo de llegar “a un número determinado de regulaciones”, a 300.000 a final de año, confirmando que ya han alcanzado el 75%, por lo que cree que van a cumplir este año “ampliamente”, sin “ninguna duda”.
En referencia a esta cuestión, ha destacado la importancia de que “estructuralmente no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido durante estos años” y que, para ello, están tomando distintas medidas como la creación de un “marco estable” para los empleados y funcionarios públicos. Otra medida que ha resaltado es la eliminación de la tasa de reposición, que limitaba hasta ahora las ofertas de empleo público y que ha calificado de “particularmente pernicioso a la hora de generar esas bolsas de temporalidad en el pasado”.
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