El Gobierno confía en cerrar este viernes el acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), tras haber asegurado el respaldo de UGT en la reunión mantenida hoy, mientras CCOO y CSIF sopesan aún su posición para validar el texto final si recoge sus demandas.
La medida, considerada una reivindicación histórica del sector público, podría entrar en vigor a mediados de abril si logra el consenso sindical en la reunión de la Mesa General de Negociación convocada para las 10.30 horas.
La presión de CSIF para ampliar el alcance
El Ministerio de Función Pública ha presentado un nuevo documento que incorpora ajustes técnicos y compromisos de aplicación que han sido suficientes para obtener el aval de UGT. No obstante, el acuerdo definitivo depende de que CCOO y, especialmente, CSIF validen el texto, en un contexto de negociación en el que este último sindicato ha puesto el foco en la extensión de la medida a colectivos que, por ahora, no quedan explícitamente recogidos.
En concreto, CSIF reclama que la reducción de jornada incluya al personal de Instituciones Penitenciarias, así como a los ámbitos sanitario y educativo, además de exigir una adaptación proporcional de las jornadas especiales. Esto implicaría reducir de 40 a 37,5 horas estos regímenes específicos, una cuestión que el sindicato considera clave para garantizar la equidad entre empleados públicos.
Por su parte, UGT ha defendido que el nuevo texto “consolida una reivindicación histórica”, al convertir la jornada de 35 horas en un derecho efectivo y no en una mejora opcional, como venía ocurriendo hasta ahora en algunos ámbitos de la administración. Entre los elementos que han facilitado su apoyo figuran el compromiso de publicar la resolución en un plazo máximo de 15 días, la fijación del cómputo anual en 1.533 horas y la regulación de la jornada de especial dedicación en 37,5 horas.
La negociación pendiente sobre empleo público
El acuerdo se enmarca en el desarrollo del Acuerdo para una Administración del siglo XXI, suscrito previamente por el Gobierno con UGT y CCOO, y responde a una demanda sindical prolongada desde la reversión de los recortes aplicados tras la crisis financiera.
Sin embargo, la negociación no se limita a la jornada laboral. En paralelo, los sindicatos han reclamado al Ejecutivo más información sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, cuya negociación se ha aplazado. El Gobierno había avanzado cifras similares a las cerca de 27.000 plazas de 2025, pero las organizaciones sindicales exigen garantizar la creación de empleo neto y reforzar sectores con déficit estructural de personal.
En este sentido, tanto UGT como CSIF han subrayado la necesidad de abordar de forma conjunta la implantación de las 35 horas y el dimensionamiento de las plantillas, especialmente en áreas sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias. “Queda por conocer si el ajuste de jornada se acompaña de los recursos humanos necesarios para mantener la calidad del servicio”, apuntan fuentes sindicales.
