El Ministerio de Trabajo ha planteado un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% para 2026, situándolo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, sin retención en el IRPF. La medida, aun sin acuerdo con los agentes sociales, tras la reunión de este lunes, incluye una propuesta de compensación para empresas especialmente afectadas, aunque supeditada al mantenimiento del empleo y a la mejora salarial dentro de sus plantillas.
Tras la reunión que se ha prolongado durante casi tres horas, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la ayuda a las empresas no será generalizada, sino destinada exclusivamente a aquellas que acrediten una elevada exposición al SMI y siempre que mantengan sus niveles de empleo y mejoren los sueldos más bajos.
Aunque el Ejecutivo aún no ha concretado el diseño de esta compensación, se baraja como opción una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, en colaboración con el Ministerio de Hacienda. Pérez Rey ha insistido en que la fórmula definitiva aún está en estudio y que se espera avanzar en las próximas reuniones, previstas para finales de semana.
Condiciones para que las empresas puedan acceder a los incentivos
El número dos de Trabajo ha recalcado que esta ayuda no será un mecanismo de alivio sin contrapartidas, sino un estímulo para que las empresas reduzcan progresivamente su dependencia del SMI en futuras contrataciones y actualizaciones salariales. “No se trata de perpetuar el salario mínimo como referencia, sino de incentivar su superación”, ha afirmado Pérez Rey.
Asimismo, ha señalado que la compensación estará vinculada al compromiso empresarial de mejorar sus escalas salariales y evitar despidos. En este sentido, el Gobierno trabaja en la creación de un sistema que combine incentivos positivos con limitaciones que desincentiven el estancamiento en salarios bajos.
La medida aún se encuentra en fase de negociación
La medida aún debe ser aprobada en el marco del diálogo social, aunque Trabajo confía en lograr un consenso con sindicatos y organizaciones empresariales, con la intención de que el aumento del salario mínimo se convierta en una política estructural compartida.
Pérez Rey ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo global que refuerce el papel del salario mínimo como herramienta para reducir la desigualdad y mejorar el poder adquisitivo.
