Los agentes de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia han detenido a seis personas por ser presuntamente responsables de emplear a trabajadores de forma irregular, obligándoles a trabajar durante más de 10 horas en situación precaria, sin contrato de trabajo ni el alta en la Seguridad Social.
En la operación, los agentes han identificado a un total de 34 víctimas de explotación laboral, la mayoría de ellos de origen pakistaní y que se encontraban en situación irregular en España.
Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia (UCRIF) de la Policía Nacional descubrieron hace unos meses, por conocimiento de varios ciudadanos, que el propietario de una empresa del sector agrícola, presuntamente se dedicaba a contratar ciudadanos pakistaníes en situación irregular a los que hacía pasar por otras personas con autorización de residencia y trabajo.
Los agentes descubrieron que algunos implicados formaban parte de la misma familia y dirigían dos empresas agrícolas, donde trabajaban como administradores y encargados. Así, la Policía Nacional, en cooperación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, estableció un operativo en diversas parcelas agrícolas del norte de la ciudad para verificar las condiciones de los trabajadores.
Se constató que las empresas estaban empleando a personas en situación irregular, principalmente de nacionalidad pakistaní, sometiéndolas a jornadas laborales extenuantes por salarios inferiores al mínimo legal y cobrando una tarifa de transporte. Además, carecían de formación y equipo de seguridad adecuado.
El operativo identificó a 34 víctimas de explotación laboral, 29 de ellas en situación irregular sin contrato ni cobertura social. Uno de los implicados, responsable del transporte, conducía sin licencia utilizando la identidad de su hermano.
La operación concluyó con la detención de seis personas, cuatro pakistaníes y dos españoles, por delitos laborales y migratorios, incluyendo falsificación documental. En la investigación participaron también agentes de la UCRIF de Albacete y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
Contratar personas de manera irregular es un delito penal.
La contratación irregular de extranjeros y tráfico ilegal de mano de obra es un delito tipificado en los artículos 311-318 del Código Penal. El artículo 312, concretamente, establece que serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, a los que contraten de manera ilegal a personas como mano de obra.
Las multas por contratar a personas de manera irregular puede ir desde los 500 euros (55 de la LOE como infracciones leves) hasta los 100.000 euros. La pena dependerá del caso particular de cada situación. La cantidad puede aumentar si se incluyen las cuotas que se debieron pagar por concepto de Seguridad Social
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