Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para impedir que las empresas que deslocalizan su producción fuera de la Unión Europea (UE) puedan aplicar despidos colectivos y objetivos. La medida vendría a impedir que estas compañías aprovechen las condiciones laborales de determinados países, donde el salario es bastante inferior que en España, para deslocalizar su producción y abaratar costes.
Para ello, el objetivo del partido que dirige Yolanda Díaz es modificar el Estatuto de los Trabajadores para que, en caso de que apliquen alguno de los anteriores despidos, se considere “fraude de ley” y pasen a ser improcedentes (que conlleva una indemnización mayor) o nulos, más penalizadores.
Junto a esta medida, el texto de la proposición, que publica ‘El País’, impediría también que estas empresas aplicasen modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicar lo recogido en convenios colectivos. “De incumplirse estas limitaciones, las medidas aplicadas se considerarán efectuadas en fraude de ley, sean adoptadas con carácter anterior o posterior al traslado, siempre que se prueba la vinculación directa o indirecta con este”.
Del mismo modo, Sumar también propone que las empresas que deslocalicen su producción estén obligadas a devolver los beneficios asociados por acogerse durante los cuatro años previos a ERTE o medidas contempladas en el mecanismo RED. En último lugar, la normativa también introduciría la obligación de presentar un plan de viabilidad en el caso de las empresas de 50 o más trabajadores que quieran realizan un proceso de venta o transmisión de empresa y unidades productivas.
Una proposición apoyada en casos prácticos
La proposición de Sumar, registrada este jueves, está apoyada en varios ejemplos de desinversiones y deslocalizaciones recientes que se han visto en España y citan el caso de Forbia Porriño y Maderas Fiber, la venta de Alcoa Avilés y Coruña, el despido colectivo de Sekurit, y deslocalizaciones pasadas de H&M o Zara.
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