Las empleadas del hogar siguen a la espera de una norma de prevención de riesgos laborales que las proteja. Hace unos meses, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a tener aprobado su desarrollo normativo este mismo año, siendo una medida que, aunque difícil de confeccionar, como han reconocido de su departamento en más de ocasión, es más que necesaria para este colectivo, especialmente vulnerable por las características del empleo del hogar.
La normativa, además, se debe completar para cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ratificó España, además de que se fijó esta obligación en el Real Decreto Ley 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
En este marco, se podría haber dado un paso para su confección ya que, como ha publicado el diario ‘Público’, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para mejorar las condiciones de seguridad y salud de estas trabajadoras y que será debatida en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Según el citado medio, la propuesta recoge la importancia de ofrecer esta prevención de riesgos laborales en un sector feminizado y en su mayoría por mujeres inmigrantes. Por ello, el objetivo de la PNL es extender las protecciones del citado Convenio 189 y el Real Decreto-ley 16/2022 para asegurar a estas empleadas unas condiciones laborales dignas y seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo doméstico.
Críticas al borrador de la norma
El pasado mes de mayo, el Ministerio de Trabajo dio a conocer el contenido de la norma a los sindicatos, que aunque coinciden en que debe salir con carácter urgente, criticaron varios aspectos de la misma. Especialmente, las organizaciones sindicales criticaron el hecho de que se propusiera que los empleadores fueran los encargados de autoevaluar los riesgos laborales de su hogar con una herramienta online, sin que se contemple alguna vía para que la Inspección de Trabajo pudiera acceder a los domicilios.
Este último aspecto es controvertido, ya que el artículo 18 de la Constitución recoge la inviolabilidad del domicilio, lo que en la práctica hace que estas trabajadoras se vean sumidas en unas condiciones muy precarias por el desconocimiento de lo que ocurre de puertas para adentro. De ahí que los sindicatos, aunque reconocen su complejidad, aboguen por establecer alguna vía que pudiera permitir a la Inspección estas visitas presenciales.
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