Esta misma semana dio comienzo la mesa de diálogo social para reformar el despido improcedente en España y, esta misma semana, CEOE ha confirmado que la abandona. Así lo ha anunciado hoy su presidente, Antonio Garamendi, quien ha informado que, tal y como ha decidido el comité ejecutivo de la entidad, la patronal abandona las negociaciones que se están llevando a cabo en esta materia.
“Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta”, ha informado durante el acto de clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), en declaraciones recogidas por Europa Press.
Garamendi, con sus declaraciones, hace referencia al fallo del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado mes de julio, donde este órgano rechazó subir las indemnizaciones por despido improcedente en la vía judicial. Para el Alto Tribunal, esto no supone ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 OIT ni del artículo 24 b.) de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.
En relación a este artículo 24, en el que se basaron las demandas de CCCO y UGT, el Supremo explicó que la expresión “indemnización adecuada” resulta “literalmente inconcreta” y que “no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa”.
Hay que aclarar que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha condenado a España en dos ocasiones por no ajustarse a la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, que actualmente es de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Precisamente por vulnerar el citado artículo 24 de la Carta Social Europea, al entender que este límite máximo, en algunos casos, impide una reparación real del daño causado.
Sobre esto, el Tribunal Supremo falló que las decisiones del CEDS “no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares, ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEDS no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias”. De ahí que Garamendi, en representación a la CEOE, manifieste que la justicia les ha dado la razón. Por su parte, los sindicatos han manifestado en varias ocasiones su intención de recurrir este fallo al Tribunal Constitucional, avisando esta semana que “no nos vamos a conformar con el que el Tribunal Supremo quiera hacer un proceso de insumisión del ordenamiento jurídico internacional”.
Críticas al Gobierno por dejar la reforma en manos de los sindicatos
Sobre la reforma del despido improcedente, Antonio Garamendi también ha criticado el hecho de que el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, no presentara una propuesta en la pasada reunión del lunes. En su lugar, dieron un plazo de tres semanas para que fuesen los agentes sociales los que presentasen sus propuestas, anunciando CCOO y UGT que, en su caso, elaborarían una conjunta.
“El propio Gobierno dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta” ha señalado el representante de los empresarios. “Imaginaros que en algún otro gobierno hubieran dicho que la propuesta la hubiera hecho la CEOE, no sé, hubiera sido un auténtico escándalo”, ha añadido al respecto.
En otro orden de cosas, Garamendi ha dejado caer que podrían “recurrir” el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), argumentando que esta es la línea que se ha decidido tomar en el comité ejecutivo. “Hay cosas que tendremos que parar”, ha declarado, advirtiendo de que si se empiezan a “plantear temas” sobre el SMI con los que no están de acuerdo, “pues tendrán que ir lógicamente al recurso, porque es lo que su gente necesita”.
Por último, ha denunciado que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca una “pérdida de confianza en los acuerdos”, llamando en este caso a fomentar el “diálogo social”.
