El permiso parental de 8 semanas fue aprobado en junio de 2023 pero, a día de hoy, más de un año después, todavía no es retribuido. No lo es aunque sea una obligación de Bruselas. En concreto, la Directiva Europea de 2019 obliga a contar al menos con 22 semanas de permisos retribuidos: 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años. Así que a España le quedan tres semanas por retribuir.
El problema es todavía mayor atendiendo a que el Gobierno tenía hasta el 2 de agosto de 2024 para trasponer dicha directiva, por lo que ya ha superado el plazo. Por ello, tal como manifiesta el sindicato USO, la Unión Europea ya ha apercibido a España, que tendrá que pagar, como mínimo, una sanción de 6,8 millones de euros.
Una sanción que reconoció el propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a principios de agosto: “Claro que estamos siendo emplazados y apercibidos por la Comisión Europea básicamente en un montante que roza los 7 millones de euros de momento y que obviamente se irá agravando en la medida que ese incumplimiento se esté sosteniendo en el tiempo”. Y lo hará, porque, tal como añade USO, “si la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), se emite antes de corregir el error, se irán sumando más de 40.000 euros por cada día extra de incumplimiento”.
USO denuncia que la sanción “podría financiar el permiso”
Desde USO creen que las buenas intenciones que motivaron la creación del permiso se han visto “opacadas ante la inactividad del Gobierno”. Para el sindicato no es posible que, después de un año de vigencia, la justificación sea que, ante la falta de desarrollo reglamentario, “el permiso siga en el limbo jurídico e institucional”.
La secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Formación de USO, Lourdes Pedrazuela, se muestra clara ante esta inactividad: “No puede ser que se prefiera malgastar 7, 8 o 10 millones en lugar de destinarlos a financiar el permiso”. Avisando de las graves consecuencias de esta no remuneración: “Se vuelve un privilegio y no un derecho”.
En este sentido, explica que, al no ser actualmente retribuido, no todas las familias pueden acceder a él, ya que no pueden permitirse perder parte de su salario: “Es una medida a la que solo pueden acceder las personas que tienen capacidad económica para ejercerlo, porque no está retribuido. En algunos hogares, se ven obligados a recurrir a este permiso ante la falta de opciones y cargas de cuidados. Ocurre especialmente durante este mes de septiembre, con períodos de adaptación a los colegios que no coinciden con las jornadas laborales”, detalla Pedrazuela.
En relación con esta última cuestión, la ‘vuelta al cole’, explica la situación que están pasando muchos padres y madres con menores: “muchas familias ya han agotado sus vacaciones no en disfrutarlas como tal, sino en conciliar durante todo el verano. Y ahora se encuentran con la vuelta al cole escalonada según ciclos, la adaptación de solo unas horas para los más pequeños hasta completar su jornada habitual escolar… Este tipo de permisos son necesarios y es su utilidad: por eso no pueden ser un lujo, no se puede afrontar una vuelta al cole y, además, dejar de percibir el salario de dos semanas”.
Desde Sumar quieren aprobarlo cuanto antes
Tanto el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, como el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, han reiterado en varias ocasiones la intención de retribuir este permiso en la mayor brevedad posible. De hecho, fuentes ministeriales de EFE dejaron entrever este verano que sería el ala socialista el que habría retrasado este punto, asegurando que “la pelota” estaba “en el tejado del PSOE”.
Cabe señalar que esta retribución no será total, y que el Gobierno se comprometió a remunerar 4 de las 8 semanas. “En teoría, el Gobierno se ha comprometido a que al menos una parte de él sea retribuida en 2025. Esperemos que, con la sanción de Bruselas por incumplir los plazos, la Directiva se tome en serio”, reclaman desde USO. En concreto, la retribución del permiso parece que se va a llevar a los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que se negociarán ahora.
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