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CCOO y UGT exigen aprobar el nuevo registro horario en el próximo Consejo de Ministros

Unai Sordo y Pepe Álvarez piden que el registro horario salga adelante mediante Real Decreto.

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez
CCOO y UGT exigen aprobar el nuevo registro horario en el próximo Consejo de Ministros |EFE
Antonio Montoya
Fecha de actualización:
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CCOOUGT han pedido este jueves que el nuevo registro horario se apruebe en el próximo Consejo de Ministros vía Real Decreto, “sin excusas y sin retrasos”, y que éste sea “moderno, digital, transparente y accesible en remoto por la Inspección de Trabajo”, así como de uso sencillo para los representantes sindicales en las empresas. Las declaraciones se producen tras la reunión mantenida hoy por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

Los sindicatos enmarcan su exigencia en la necesidad de reforzar el control del tiempo de trabajo y de atajar las horas extraordinarias no declaradas. “Dos medidas que, por un lado, garantizan el descanso, la conciliación y la salud mental de las personas, y por otro permiten un registro horario digital, interoperable, no manipulable y con acceso remoto a la Inspección de Trabajo”, subrayan. A su juicio, este registro es “clave” para combatir el “fraude masivo” que se produce cada semana.

Un sistema digital, interoperable y con acceso remoto

CCOO y UGT instan al Gobierno a regular “ya” un sistema de fichaje “moderno, digital y transparente, accesible en remoto por la Inspección de Trabajo“, que asegure también el acceso por parte de la representación de las personas trabajadoras. Recuerdan, además, que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido “con absoluta claridad“ que los Estados miembros están obligados a garantizar un registro horario que cumpla con los estándares comunitarios.

“España no puede seguir incumpliendo las obligaciones europeas ni permitir que se sigan robando horas de trabajo a millones de personas. Aunque la derecha haya bloqueado el proyecto de ley, la batalla por reducir la jornada está ganada en la sociedad. Antes o después, la reducción de la jornada será una conquista legal y ya es una conquista social“.

 Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (i), y de UGT, Pepe Álvarez durante la reunión que mantienen este jueves con la ministra Elma Saiz
Unai Sordo y Pepe Álvarez durante la reunión con la ministra de Seguridad Social Elma Saiz | EFE

Una decisión “grave en términos democráticos”

El pronunciamiento llega un día después del bloqueo en el Congreso a la tramitación de la ley de reducción de jornada. “Ayer en el Congreso se consumó un golpe contra los anhelos y demandas de la mayoría de la ciudadanía y en concreto, a la clase trabajadora“, destacan los sindicatos. Para CCOO y UGT esta decisión es “grave en términos democráticos“ ya que se impidió el debate parlamentario sobre una medida que responde “a una demanda social masiva“.

En este contexto, los sindicatos reprochan el cambio de posición de algunos grupos. Resulta “llamativo” que fuerzas que habían expresado su apoyo a reducir el tiempo de trabajo “se unan ahora a la ultraderecha más excluyente (Vox), para impedir que se tramite y se debata una ley que la sociedad demanda de forma abrumadora”. “Este doble discurso es un fraude político: decir sí y votar no es dar la espalda a la ciudadanía, sea española o catalana, al tiempo que se protege, una vez más, a quienes se benefician de jornadas interminables y de un mercado laboral precarizado”, denuncian.

Movilización sindical y horizonte de 32 horas

Ante el bloqueo legislativo, CCOO y UGT anuncian que intensificarán su acción en cada centro de trabajo, “empresa a empresa, sector a sector y territorio a territorio“ para que las 37,5 horas semanales sean una realidad. “No vamos a parar y seguiremos avanzando hacia la jornada de 32 horas semanales”, avisan.

Quedan por concretar detalles técnicos de la norma, tales como los estándares mínimos, plazos de implantación, régimen sancionador y garantías de acceso para la Inspección y la representación sindical, que las centrales piden fijar “sin excusas y sin retrasos” para asegurar una aplicación homogénea y efectiva.