El sistema público de pensiones de España figura entre los más generosos dentro de nuestro entorno, pero alrededor de él se genera un debate que cada vez resuena más, que es la presión del envejecimiento y la erosión del poder adquisitivo por el encarecimiento del coste de la vida. A ese problema hay que añadir la incertidumbre política sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC. De hecho, según la encuesta de Unespa, apunta a que solo el 13% de la población cree que la pensión pública bastará para mantener el nivel de vida tras la jubilación. En este sentido, el último informe de DataPulse Research muestra que España se encuentra entre los cuatro únicos países de la Unión Europea donde la pensión pública media, antes de impuestos, cubre el gasto anual promedio estimado de una persona jubilada, con un margen a favor del 3%.
Las cifras del estudio indican que la pensión media de jubilación en España antes de impuestos es de 19.844 euros anuales (es decir, ingresos brutos). Frente a este ingreso mensual, el gasto medio de una persona mayor de 65 años alcanza los 19.349 euros. Este saldo positivo resulta poco frecuente en una Unión Europea donde el ingreso público medio se ubica en 17.321 euros.
El análisis de la consultora confirma que solo tres naciones además de España logran un superávit en las cuentas de sus jubilados. Rumanía encabeza la tabla continental con un 21% de margen a favor del pensionista. Le siguen muy de cerca la República Checa con un 18% y Polonia con un 4%.
Si miramos los datos de Eurostat recogidos en el estudio de DataPulse Research, los mismos nos dicen que alrededor del 20% de los ciudadanos europeos supera ya la edad de retiro. En el caso de los hogares españoles, la vivienda y los suministros básicos absorben el 38% del desembolso total. Los alimentos suponen la segunda partida más gravosa con un 18% de los gastos. El transporte requiere un 8% y el ocio un 5%.
Un factor a tener en cuenta para amortiguar el impacto económico radica en el modelo inmobiliario de la vivienda en España. El 80% de los mayores españoles reside en una vivienda en propiedad. El 20% restante sufre una exposición altísima al fuerte incremento continuado del mercado de los alquileres.
Los jubilados españoles por encima de la media en riesgo de pobreza
El riesgo de pobreza entre los jubilados españoles supera levemente la media europea pues, el análisis señala que la vulnerabilidad económica golpea con especial dureza a grupos poblacionales muy concretos y desprotegidos. Las mujeres, las personas sin un inmueble en propiedad y los hogares con rentas más bajas enfrentan serias dificultades cotidianas. El margen positivo generalizado no asegura bajo ningún concepto el bienestar de todos los perfiles sociales en una época marcada por el encarecimiento general de la vida.
El documento confirma que en 24 de los 30 países analizados la pensión de jubilación es insuficiente para vivir. Las comparaciones nominales muestran una brecha continental enorme. Luxemburgo lidera la clasificación con pensiones superiores a los 34.000 euros, una cifra que contrasta radicalmente con la situación de Serbia, donde las prestaciones caen por debajo de los 4.300 euros.
Esta enorme diferencia se suaviza ligeramente al aplicar el coste de la vida real en cada territorio. Francia y España comparten una pensión media cercana a los 20.000 euros, pero el poder adquisitivo varía significativamente según los precios del país de residencia.
Las grandes potencias económicas europeas muestran debilidades estructurales en la base de sus sistemas de bienestar. En Alemania, Francia e Italia el coste de vida en la jubilación oscila entre los 24.000 y los 29.000 euros anuales. Este altísimo nivel de gasto diluye por completo los ingresos estatales y obliga a los ciudadanos a recurrir obligatoriamente a planes privados de ahorro. El documento identifica un grupo minoritario con déficits inferiores al 10% conformado por Bulgaria y Dinamarca.
El mayor abismo financiero se registra en los extremos del continente. Croacia, Eslovenia, Hungría y Noruega padecen déficits que rondan el 40% respecto a las necesidades reales de los mayores. En estos territorios los jubilados deben financiar por otras vías más de un tercio de su nivel de vida habitual para no caer en la exclusión social.
