La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) ha calificado las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar el encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Oriente Medio como “decepcionantes y perjudiciales” y avisan de movilizaciones a nivel nacional si no se revisa el decreto y se modifica antes de finales de marzo.
El núcleo del malestar reside en la diferencia de trato que, según el sector, establece el decreto entre particulares y profesionales. Fenadismer sostiene que mientras los conductores privados verán compensado prácticamente el 100% del impacto del alza de la gasolina, los transportistas apenas recibirán ayudas que cubren menos de la mitad del sobrecoste real que soportan. En apenas tres semanas de conflicto, la federación cifra en unos 250 millones de euros el incremento acumulado de costes para el sector.
La organización considera insuficiente la bonificación de 20 céntimos por litro anunciada por el Gobierno, idéntica a la aplicada en 2023, pese a que entonces, recuerda, el precio del gasóleo era sensiblemente inferior. Además, denuncia que la eliminación de la figura del gasóleo profesional, vigente desde 2007, reducirá en la práctica esa ayuda en un 25%, lo que limita aún más su eficacia.
Críticas al diseño del decreto
Más allá de la cuantía de las ayudas, los transportistas cuestionan el diseño global de la norma. A su juicio, el decreto dificulta trasladar a los clientes el incremento de costes, en un contexto en el que el precio del gasóleo ha subido más de un 30% desde el inicio de la crisis. “El sector no puede aceptar un decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, señalan desde Fenadismer.
La federación también critica que el Ejecutivo no haya actualizado el peso del combustible en la estructura de costes del transporte, un factor clave para calcular las revisiones de precios en los contratos. Esta omisión, advierten, agrava la “precaria situación económica” de muchas empresas del sector, especialmente las de menor tamaño.
El conflicto abre un nuevo frente para el Gobierno en plena respuesta a las consecuencias económicas de la escalada internacional. El transporte por carretera, considerado un sector estratégico por su impacto en la cadena de suministro, ya protagonizó movilizaciones en anteriores crisis energéticas. La amenaza de nuevas protestas introduce incertidumbre sobre la estabilidad del suministro en un momento marcado por la volatilidad de los precios energéticos y la presión inflacionista.
