La vivienda es uno de los problemas que más preocupa actualmente a la población española y entre todas las aristas que tiene este tema, una de las que más se está hablando últimamente también es el alquiler. La oferta de vivienda en alquiler es cada vez menor, entre otros motivos porque muchos propietarios no se atreven a alquilar como afirmaba el economista Gonzalo Bernardos. Y si a esto se le suma que los precios por arrendar una habitación son cada vez más prohibitivos, la situación se hace prácticamente insostenible para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan vivir de alquiler.
La situación de los precios en la vivienda de alquiler no mejora, es más, con el dato del IPC que hemos conocido este viernes va a empeorar. El dato de inflación, que ha sido el más alto desde junio de 2024, provoca también una actualización en los precios del alquiler en aquellos contratos que necesiten ser revisados este mes de noviembre con un aumento de los importes.
Para ser más exactos, los propietarios de viviendas que dependan de una actualización en noviembre tendrán la posibilidad de subir el importe de la renta a sus inquilinos en un 2,25%, el porcentaje más alto desde que se puso en marcha el índice de referencia de arrendamientos de vivienda, que publica el Instituto Nacional de Estadística desde el pasado mes de enero.
La subida responde a la evolución del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, uno de los mecanismos implementados en la Ley Estatal de Vivienda para limitar las revisiones anuales. Con este sistema, el Gobierno quiso desvincular las actualizaciones del IPC para “evitar incrementos desproporcionados” cuando la inflación superara el 2%. Sin embargo, el repunte del coste de la vida, impulsado sobre todo por la electricidad, el transporte y alimentos básicos, ha ido elevando gradualmente el indicador en los últimos meses.
El índice, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, se había mantenido alrededor del 2% hasta principios del verano. Desde junio acumula cinco incrementos consecutivos, hasta alcanzar el 2,25% actual, la cifra más elevada desde su creación.
No afecta a todos los contratos por igual
El límite del 2,25% se aplica exclusivamente a los contratos firmados desde mayo de 2023, momento en que la Ley de Vivienda entró en vigor. Los alquileres anteriores siguen vinculados al IPC, por lo que su actualización puede llegar hasta el 3,1%.
En la práctica, esto genera diferencias notables. Un inquilino con un alquiler de 1.000 euros al mes firmado en noviembre de 2022 podría afrontar una subida de 31 euros mensuales (372 al año). Mientras, otro con un contrato equivalente firmado un año después vería incrementada la renta en 22,5 euros al mes (270 al año).
Los nuevos contratos tampoco se rigen por el índice, aunque en las zonas declaradas tensionadas (donde viven unos nueve millones de personas, según los datos disponibles) los precios de salida están vinculados a la renta anterior o al índice específico que determine cada comunidad autónoma. Cataluña, Euskadi y Navarra concentran la mayor parte de estas áreas, a las que se suma una parte de Galicia.
Un mecanismo que se activa cuando la inflación supera el 2%
El Ministerio de Economía explica que el índice incorpora “mecanismos de corrección” para evitar que las tensiones inflacionistas se trasladen de manera automática al mercado del alquiler. Cuando la inflación general o la subyacente se sitúan por debajo del 2%, se toma como referencia el valor más bajo. Si ambos indicadores rebasan ese umbral, como ocurre ahora, se aplica una fórmula que busca “un punto intermedio” entre las dos tasas, incluyendo además una estimación económica y un coeficiente ligado a las condiciones del mercado.
Este sistema cumplirá su primer año de vigencia en enero y será entonces cuando el Gobierno evalúe su impacto en la evolución de los precios, así como su capacidad para contener la escalada del alquiler en un mercado marcado por la escasez de oferta y una demanda creciente.
