En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España, sobre todo por el encarecimiento de los alquileres y la escasez de oferta asequible en las grandes ciudades. Aunque esta idea está tradicionalmente asociada a los jóvenes, el fenómeno afecta cada vez más a trabajadores con ingresos bajos y cargas familiares, que se ven obligados a aceptar soluciones precarias.
Es el caso de Gemma Rubio, una empleada de Carrefour y madre de un adolescente de 16 años, que está a punto de ser desahuciada sin una alternativa habitacional viable. Así lo cuenta en el programa ‘LaSexta Xplica’, poniendo de manifiesto una realidad cada vez más común en España.
“Con mi nómina es imposible”, asegura, teniendo en cuenta que “por una habitación piden unos 500 euros al mes, siendo de las más baratas”. Es decir, que lejos de poder permitirse el alquiler de una vivienda completa, tampoco puede acceder a soluciones más precarias como es el alquiler de una habitación. Por ello, Gemma actualmente reside en la vivienda de su expareja junto a su hijo, una situación que, según explica “se acaba” ante la amenaza de desalojo.
El fin de la moratoria agrava la vulnerabilidad de los inquilinos
Desde el ámbito social, Fernando de los Santos, portavoz del ‘Sindicato de Inquilinas’, señala que tras la caída de la moratoria antidesahucios, “que la echaron abajo en el Congreso”, la situación se ha agravado. “Esta medida evitaba que personas vulnerables como Gemma fueran expulsadas de su vivienda sin una alternativa”, recuerda.
Así, su caída ha dejado, según denuncia, a miles de familias expuestas a procedimientos de desalojo en un contexto de mercado especialmente restrictivo, sumado a las consecuencias psicológicas que también deja esta crisis. “La ansiedad y la soledad son una de sus peores caras”, afirma, mientras insiste en que “hemos generado un sistema en el que millones de personas no tienen estabilidad ni seguridad residencial”.
Frente a ello, plantea la organización colectiva como herramienta de presión y apoyo mutuo para negociar con los propietarios y evitar desalojos. “De lo que se trata es de decir no nos quedamos en nuestras casas, nos vamos a apoyar mutuamente y vamos a forzar a tu casero a que se siente a negociar”, concluye.
