Fedeca desmonta al Gobierno sobre el fin de Muface: “Sale más económico que el Sistema Nacional de Salud”

Los funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado reivindican la defensa de Muface frente a la intención del Gobierno de poner fin a la renovación del concierto del organismo público.

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) manifestaron este lunes ante los medios de comunicación, a días de que comiencen las movilizaciones de sindicatos de funcionarios, su descontento con la iniciativa en lo que ha sido una convocatoria con el objeto de “desmentir” los argumentos del Ministerio de Sanidad que cuestionan la sostenibilidad del sistema de mutualidad. 

Más de 1.000 millones de euros al año de ahorro

Para la federación y, en concreto, para su presidenta, Ana Ercoreca, la cuestión económica y sociosanitaria de la inviabilidad que justifica el Gobierno “no existe” al no haber “argumentos financieros, económicos ni jurídicos para acabar con Muface”. La presidenta ha sentenciado que “el gasto y la inversión en Muface” es “sustancialmente más bajo que el Sistema Nacional de Salud”. Bajo esta premisa, la federación ha justificado que, frente al concierto de Muface para la mutualidad de funcionarios que cuestan 104 millones de euros, el ingreso de estos trabajadores en el Sistema Nacional de Salud supondría para las arcas públicas en torno a 600 millones de euros. 

Los altos funcionarios lo tienen claro e insisten en el ahorro de más de 1.000 millones de euros al año para el Estado si se mantiene Muface. El gasto sanitario público por persona en el SNS, explicaron desde FEDECA, es de 1.736 euros anuales, mientras que la prima media en MUFACE asciende a 1.030 euros, una diferencia de 594 euros por persona que se traduce en un ahorro total estimado de más de 1.000 millones de euros anuales.

Fedeca ha presentado un análisis de esta problemática en la que se ven envueltas las personas funcionarias de carrera de la Administración Civil del Estado y el personal en prácticas que aspire a ingresar en los cuerpos de esta administración. Millón y medio de trabajadores que se incorporarían al sistema de sanidad pública sobre lo que advierte Ercoreca: “No se puede sobredimensionar el sistema sanitario público por razones oportunistas”. 

Negociar la supervivencia de Muface

El ánimo de la federación de altos funcionarios es negociar el mantenimiento de Muface con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. La presidenta de Fedeca manifestó la necesidad de una negociación para la consecución del concierto, apuntando “tal y como está hoy en día” sin otras alternativas, puesto que, estos funcionarios de escala A1, “no contemplamos el fin de Muface porque esta supone un ahorro”. En este sentido, urgen en reunirse con el ministerio encabezado por Óscar López al que han remitido una solicitud de reunión sobre la cual están esperando contestación. 

Por otra parte, como representante de la Asociación Profesional de Abogados del Estado, Edmundo Bal, en la línea de la federación, suscribió que Muface “sale más económico que el sistema público” y planteó otras propuestas que supondrían alteraciones en la financiación del organismo, como que la póliza colectiva esté sufragada “una parte por el funcionario y otra por la administración”, una negociación del pliego de contratación o la reintegración en el sistema del concierto sanitario a todos los funcionarios.

En lo que todos coinciden es en la falta de previsión para la reestructuración de este sistema que en menos de dos meses (a partir del 31 de enero de 2025) cuando, según el Gobierno, se espera que el Sistema Nacional de Salud asuma la carga asistencial de 1,5 millones de personas más. Por el contrario, demandan un “estudio exhaustivo” y una “transición paulatina”, sentencia Ana de la Herrán: “Hay que pensar en los enfermos de cáncer y otras enfermedades que no pueden salir de un día para otro de ese sistema de contratación”. 

Los altos funcionarios dan la espalda a la decisión de Mónica García   

Mario Garcés, interventor y auditor del Estado, entiende que en la deriva de Muface se han enfrentado las “dos almas del Gobierno” y ha criticado que la decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, se basa en unos “pésimos conocimientos jurídicos”.   

Por su parte, Edmundo Bal ha tachado el planteamiento de la ministra de “demagogia” y también ha tenido palabras para el ministro de Función Pública, sobre el que ha dicho que este “no se puede permitir abrir este melón” teniendo en cuenta su pretensión en liderar el PSOE madrileño.

La mitad del colectivo son mutualistas con más de 50 años

“Más de la mitad de los funcionarios tiene más de 50 años y, por lo tanto, sufren más enfermedades crónicas”, apuntaba la presidenta. Un dato sobre el que advierten en Fedeca al conllevar, indican, “una suma de factores que provocan que un cambio brusco de modelo ponga en serio riesgo su salud, y que hace también muy difícil que puedan ser aceptados ahora en un seguro privado”. 

La asociación también mostró su preocupación por la situación de los empleados públicos destinados en el exterior que alcanzan en la actualidad los 8.000 profesionales y que, en muchas ocasiones, “carecen de un sistema de salud público o éste es muy deficiente”. 

Riesgo de aumento en las listas de espera

Otra de las consecuencias que valoran desde Fedeca es el aumento en las listas de espera en el caso de la supresión de Muface. Calculan que estas aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas y en un 115% para las intervenciones quirúrgicas, según la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid. 

Siguiendo esta línea, explican que esto podría afectar a los tiempos de espera en urgencias: “Si bien conseguir una licitación exitosa está en manos del Gobierno, de no lograrse, las consecuencias se trasladan a las Comunidades Autónomas”, apuntan. Concretamente, miran con preocupación a las comunidades con mayor número de funcionarios afectados por el fin de Muface como Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.