
El Consejo de Ministros ha aprobado extender en diez años el plazo para que la Seguridad Social devuelva dos préstamos que el Estado le otorgó en 1992 y 1993, cuyo valor total es de 3.259,6 millones de euros.Esta extensión está contemplada en un Real Decreto-ley relacionado con medidas económicas, tributarias y de Seguridad Social. La normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes, y ya se encuentra en vigor.
Ahora, ¿qué es esta medida y por qué se ha aprobado? Al parecer, y según detallan desde el Ejecutivo en el decreto, estos préstamos ya se habían ampliado en otras ocasiones mediante normativas aprobadas en 2003 y 2013. Ahora, el Gobierno considera que es necesaria una nueva prórroga mientras se decide si los préstamos serán condonados o compensados mediante transferencias estatales a la Seguridad Social, como ha recomendado el Tribunal de Cuentas en repetidas ocasiones al analizar las Cuentas Generales del Estado. Así, este aplazamiento afectará a:
- Préstamo de 1992: Un importe de 1.686,18 millones de euros, destinado a cubrir obligaciones derivadas de los costes de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
- Préstamo de 1993: Por un valor de 2.073,49 millones de euros, concedido dentro del marco de los Presupuestos Generales del Estado de 1994.
Cabe recordar que estos préstamos fueron concedidos cuando existían las antiguas pesetas y tenían como finalidad aliviar tensiones financieras del sistema de Seguridad Social en aquel momento. “Hasta que el Gobierno determine si el Estado debe proceder a la condonación de esos préstamos o a la concesión de transferencias a la Seguridad Social que permitan su devolución, tal como viene recomendando el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las Cuentas Generales del Estado de todos los ejercicios, resulta imprescindible establecer una nueva ampliación de 10 años para su cancelación” explican desde el Gobierno.
Con esta prórroga, la devolución de los préstamos se aplaza hasta 2034, dando al Gobierno más tiempo para buscar una solución que estabilice las cuentas de la Seguridad Social. Este aplazamiento responde a las dificultades económicas actuales, marcadas por el envejecimiento de la población y el incremento de los gastos en pensiones y sanidad y que afectan, por ejemplo, al sistema público de pensiones, entre otros.
Cómo afecta esta medida a los ciudadanos y hogares de España
Esta noticia no tiene un impacto directo e inmediato en la economía de las familias y hogares españoles, ya que está relacionada principalmente con la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Sin embargo, podría influir en el futuro, ya que afecta áreas clave como las pensiones, las prestaciones sociales y la atención sanitaria pública.
Aunque la prórroga no implica cambios inmediatos en los servicios que reciben los ciudadanos, pone de manifiesto las tensiones económicas del sistema, lo que podría llevar a decisiones futuras sobre su financiación. Si no se consigue equilibrar las cuentas de la Seguridad Social a largo plazo, podrían plantearse reformas que afecten a las cotizaciones de los trabajadores, a los impuestos o a la forma de calcular y distribuir las prestaciones. Por ello, medidas como esta buscan ganar tiempo para evitar decisiones apresuradas.
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