Consumo abre un expediente sancionador a las inmobiliarias Alquiler Seguro por cobrar honorarios a inquilinos

En mayo de 2023 entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda. Una norma con la que se modificó el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato pasasen a correr a cargo del arrendador, y no de los inquilinos. Sin embargo, esta disposición se está vulnerando en muchos casos, como viene denunciando Facua, quien ha conseguido que se abra un expediente sancionador a la cadena de inmobiliarias Alquiler Seguro.

Tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto expediente sancionador a esta cadena “por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación en materia de alquileres tras la promulgación de la ley de vivienda”, ha dado a conocer la organización en un comunicado.

Te puede interesar

Un hombre se libra de pagar 40.000 € por la deuda de su exmujer: había avalado el alquiler de una vivienda que ella no pagó durante cuatro años

La misma, ha explicado que fue en noviembre de 2023 cuando denunciaron a Alquiler Seguro, por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”. Al parecer, la cadena aseguró a Facua que había dejado de imponer la contratación del servicio y que, “una vez visitado el inmueble, facilitaba a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda”.

Sin embargo, según manifiesta la organización, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que han llevado a la apertura de este expediente sancionador a la empresa. Facua también ha comunicado que denunció los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, por estar allí la sede central de la empresa, pero la administración autonómica no les aclaró “si llevó a cabo actuaciones al respecto”.

Otras decenas de inmobiliarias han sido denunciadas

Según explica Facua, la Dirección General de Consumo del Ministerio de Pablo Bustinduy ha señalado que la iniciación del expediente sancionador “no prejuzga el resultado final de la investigación”. Al respecto, han tenido conocimiento por fuentes ajenas al ministerio de que Alquiler Seguro ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción. La empresa también tendría la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe.

Te puede interesar

El 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas y limitan el acceso a la vivienda a estos extranjeros

La organización también ha querido destacar que el caso de Alquiler Seguro no es un caso aislado y que, desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, han denunciado a varias decenas de inmobiliarias ante distintas administraciones de consumo, “pero casi todos los casos siguen a la espera de respuesta”.

La única multa que ha trascendido hasta hoy, agregan, “tuvo un importe ridículo”, tratándose de un importe de 1.000 euros aplicados a mediados del año pasado por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a la inmobiliaria Adamas Home. Además, el importe de la sanción podía reducirse a 600 euros si la empresa reconocía los hechos, que era “el equivalente a la cantidad obtenida de forma fraudulenta por la inmobiliaria al cobrar honorarios a un solo inquilino”.

Asimismo, el Ministerio de Consumo mantiene abiertas desde el pasado octubre investigaciones sobre otras cadenas de inmobiliarias que operan en varias comunidades autónomas o en todo el territorio nacional “que también podrían haber cometido estas u otras prácticas” contrarias a la legislación que protege los derechos de los inquilinos y les ha efectuado un requerimiento de información.