El Tribunal Supremo ha dado la razón a una pareja que reclamó la devolución de los gastos hipotecarios que el BBVA les hizo pagar de forma indebida. La cláusula del contrato que obligaba a los prestatarios a asumir todos los costes de notaría, registro y gestoría ha sido considerada abusiva y, por tanto, anulada. Como resultado, el banco deberá devolver a los clientes un total de 684 euros, más los intereses legales generados desde la fecha de cada pago.
Según la sentencia de mayo de 2025, la pareja firmó un préstamo hipotecario con BBVA en abril de 1999, que posteriormente fue renovado en 2005 y 2011, e incluía una cláusula que “atribuía a los prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato.” Al considerar esta condición abusiva, interpusieron una demanda solicitando la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades abonadas en concepto de notaría, registro y gestoría.
En primera lugar, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 bis de Alicante les dio la razón y declaró la nulidad de la cláusula de gastos, señalando que esta imponía al consumidor el pago de servicios que benefician al banco, condenando así a BBVA a devolver 684,43 euros, más intereses. Además, se declaró abusiva la cláusula de intereses de demora y la de vencimiento anticipado.
El banco recurrió la decisión alegando que había prescrito el derecho de los consumidores a reclamar la devolución. La Audiencia Provincial de Alicante aceptó ese argumento y revocó parcialmente la sentencia, considerando que “la acción de reclamación de los gastos … no es imprescriptible” y que el plazo de cinco años ya había vencido.
Las cláusulas eran abusivas
Tras el varapalo en la Audiencia Provincial de Alicante, que consideró prescrito el derecho a reclamar, la pareja interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En su último intento, la pareja apelo y se apoyaron en el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que “las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.”
Además, hicieron uso de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, según los cuales no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas y los Estados miembros deben garantizar que existan medios adecuados y eficaces para que cesen este tipo de prácticas contractuales.
Tras estos argumentos, el Alto Tribunal explico que “el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado”.
Además, recuerda que este tipo de cláusulas que trasladan todos los gastos hipotecarios al consumidor son abusivas porque suponen un desequilibrio en perjuicio del cliente, al imponerle el pago de conceptos que, por su naturaleza, benefician también o incluso exclusivamente al banco. Tal y como recoge la sentencia “el profesional impone al consumidor el pago de gastos que, conforme a la normativa aplicable, no le corresponde soportar en exclusiva”.
Por todo lo expuesto en la sentencia STS 2234/2025, la cláusula que imponía todos los gastos al consumidor queda anulada y BBVA deberá devolver los 684 euros pagados por la pareja en concepto de gastos de notaría, registro y gestoría, más los intereses legales generados desde la fecha de cada pago.
