Cómo va a funcionar el fondo público de pensiones que aprobará el Gobierno

El proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo recibe otro empujón para llegar a su tramitación final en el Consejo de Ministros, ser incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que España, consecuentemente, reciba la segunda partida presupuestaria de los fondos europeos destinados a la recuperación postpandémica, vitales para el devenir nacional.
 
Ayer le tocó el turno a las enmiendas, las propuestas de mejora, con especial relevancia para las de la oposición, PP y Ciudadanos, de entre las 153 totales. Estas dos han cambiado ligeramente el boceto inicial del texto, por el momento todavía no definitivo y susceptible a cambios, que recoge el funcionamiento de lo que será el futuro fondo público de pensiones.
 
Si de primeras, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se mostraba reacio a tocar una sola coma del grueso del embrión normativo, horas después se vio obligado a dar su brazo a torcer con concesiones a ambos partidos en pro de cumplir con los objetivos y los plazos pactados ante la Comisión Europea.
 
De esta manera, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha dado carpetazo a la ponencia de la iniciativa legislativa sin pactar enmiendas, pero aceptando modificar el texto a cambio de apoyos. Específicamente, contendrá incentivos fiscales dirigidos a las empresas como medida estrella, todo para ganarse el favor de Ciudadanos.

¿Cómo serán los fondos de pensiones?

La principal característica será el incentivo del 10% en el Impuesto de Sociedades en concepto de las aportaciones hechas por el empresario para el empleado al plan de pensiones. Irá dirigido a sistemas de previsión social para trabajadores con salarios brutos anuales inferiores a 27.000 euros. Algo que quería frenar el Ministerio de Hacienda por la consecuente disminución de ingresos.
 
De hecho, se calcula que esto restará 26,3 millones de euros de las arcas públicas. Era una propuesta conjunta de ambos partidos, pero el Ejecutivo ha optado por ‘elegir’ la del PP, menor que la deducción del 15% de lo formulado por la formación naranja, que asciende a 39,5 millones de euros.

También destaca el menor control sobre las inversiones. El método de gobernanza del fondo de pensiones será de dominio público, pero tendrá gestión privada. Todo ello a pesar de que la idea originaria era la de que el Estado controlase la cantidad y el destino de las inversiones de los ahorros trabajadores.

“Hemos conseguido que se despolitice el fondo público eliminando el derecho a veto sobre las inversiones que existe ahora mismo. La propuesta del partido liberal para que las empresas que creen planes de pensiones para sus trabajadores tengan incentivos fiscales, es una realidad”, valoraba al respecto la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz.  

El PP, en “posición de rechazo”

“Seguimos, por tanto, en una posición de rechazo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez”, constatan desde el PP a ‘ABC’. No se fían de las concesiones de Escrivá y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, teniendo en cuenta los daños colaterales estatales en materia de reducción de ingresos. Tampoco ha gustado la reducción hasta los 1.500 anuales de la exención de IRPF por las aportaciones a planes privados. Un punto nuclear del ahorro. 

Podemos: miedo a la “privatización”

Desde Unidas Podemos, los socios de coalición del Gobierno, volvieron a hacer hincapié en que no ofrecerán su apoyo si no se ofrecen garantías tangibles que aseguren que no es un paso hacia la privatización de las pensiones. Los morados ya habían evidenciado que pretendían que se eliminase el único incentivo que había para las empresas a través de la deducción de hasta 400 euros por trabajador en la cuota de Seguridad Social.