En España, todavía muchos autónomos tienen que sufrir grandes avances en cuanto a la digitalización de sus negocios. En este 2023, entró en vigor la obligación de que estos trabajadores y las pymes tuvieran que enviar sus facturas de forma electrónica. Sin embargo, a través de la Ley Crea y Crece, Hacienda permite que no se envíen facturas digitales a los clientes hasta 2025.
Esta normativa, parte fundamental del Plan de Recuperación del Gobierno para el impulso de las pymes, tiene como finalidad mejorar las condiciones para el desarrollo empresarial y porque todos los autónomos y pequeñas empresas tengan las mismas oportunidades para competir en un mundo cada vez más digitalizado. Hay que sumar que el tejido productivo español está formado, en su gran mayoría, por ellos.
Una de las medidas de esta ley es la de emitir facturas digitales, sin embargo, ante la falta de aprobación del Real Decreto que desarrolla su reglamento, esta exigencia podría posponerse hasta mediados de 2025, como se verá a continuación.
¿Por qué se retrasa la obligación de enviar facturas electrónicas por parte de los autónomos?
Como apuntan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, bajo las directrices de Nadia Calviño, a elEconomista, dicho organismo sacó a audiencia pública el proyecto de la norma que desarrollaría la facturación electrónica. El problema es que aún no ha entrado en tramitación por el retraso electoral y no ha llegado al Consejo de Estado.
¿Esto qué supone? Que las compañías que facturen más de ocho millones de euros anuales sí que deberán emitir facturas electrónicas desde mitad de 2024, mientras que aquellos con unos ingresos inferiores, pueden retrasarse dos años en que sea obligatorio.
El objetivo es que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) desarrolle una herramienta o plataforma en la que los trabajadores por cuenta propia cumplan con la obligación de emitir facturas digitales a coste cero y ahorrarse así el dinero del profesional informático.
Pero facilitarles la vida a los autónomos no es el único objetivo que viene con esta medida. También está la lucha contra el fraude fiscal, como exige la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medias de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Entre sus exigencias está que las empresas con una facturación inferior a los seis millones de euros comuniquen a Hacienda de forma inmediata toda su facturación.
La finalidad de todo esto es la de unir las dos exigencias de emitir facturas y luchar contra la evasión fiscal en un único decreto-ley para controlarlo a tiempo real.
Sin embargo, desde el citado medio apuntan que los profesionales consultados recomiendan implantar este modelo cuanto antes, tanto si se es autónomo como un pequeño empresario, es decir, tener un software de facturación que junte las dos soluciones para cumplir con la normativa.
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