Hace tan solo unos días, el Ministerio de Trabajo y el SEPE reconocían que todavía quedaban por abonar los ERTE a 300.000 trabajadores afectados. Muchos son los que a día de hoy ven su cuenta bancaria y observan cómo el Servicio Público de Empleo Estatal no ha ingresado la prestación por desempleo correspondiente al mes de marzo.
Desde fuentes cercanas al Ministerio afirman que cada día se trabaja para subsanar los errores que impiden el cobro de las prestaciones a los afectados por un Expediente de regulación de empleo temporal.
Así mismo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz aseguró que estos errores ya se han subsanando y que actualmente todos los trabajadores afectados por un ERTE disfrutan del cobro de su prestación.
Estos errores han sido producidos por las empresas, las cuales no han facilitado correctamente los datos. Esto provocaba que el trabajador no se viera reflejado en el Sistema del SEPE, por lo que no podría ser incluido como afectado por un ERTE a causa de la crisis sanitaria del COVID-19.
Muchos son los que han acusado al gobierno que este retraso es producido por falta de liquidez es decir, que el gobierno no cuenta con los ingresos suficientes para soportar el excesivo volumen de ERTE. Desde el gobierno que preside Pedro Sánchez niega este extremo y recalcan que actualmente existe un acuerdo del Ministerio de Trabajo y las entidades bancarias para facilitar el cobro de las prestaciones por desempleo.
Gracias a este acuerdo los bancos adelantarán el cobro del paro a los días 3 y 4. Por regla general el paro y las prestaciones para trabajadores desempleados se cobran los días 10 de cada mes.
Por último, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, manda un mensaje de tranquilidad a los trabajadores afirmando que lo peor ha pasado "ahora los ritmos de presentaciones de ERTE correspondientes a los meses de marzo y abril se encuentran dentro de la normalidad".
Para concluir, el gobierno remitió el Plan de Estabilidad a Bruselas donde se incluía el impacto económico que tendría los ERTES a nivel de España, teniendo un coste de 17.840 millones de euros.
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