El problema de la okupación de viviendas preocupa a los propietarios no solo españoles. Si no también en otros países, como en Francia, en donde se ha dictado una sentencia inédita en materia de okupación. Un juzgado ha condenado al okupa no solo a abandonar de manera inmediata la vivienda, sino que tendrá que pagar una multa de 50 euros por cada día de retraso en el desalojo.
La decisión afecta a un inquilino sin contrato ni título que ocupaba el inmueble desde 2006, propiedad de un particular desde 2001, según la información recogida por el medio francés ‘Figaro Inmobilier’.
La sentencia, que ya es firme y definitiva, establece la expulsión inmediata del okupa, descartando cualquier plazo adicional para abandonar la vivienda. El juez ha decidido suprimir el plazo de dos meses que suele concederse en este tipo de situaciones en Francia, ya que la larga duración de la okupación (cerca de veinte años) no justifica un periodo de gracia, especialmente después de que el propietario haya alegado problemas de salud que le impidieron actuar antes.
La sentencia puede tener un efecto disuasorio para otros okupas
El abogado Romain Rossi-Landi, representante del propietario, ha calificado la medida como “la primera vez” que presencia una sanción económica diaria de estas características. “Puede tener un efecto disuasorio para otros okupas, aunque muchos no tengan capacidad real de pagar la multa”, señala.
Hasta ahora, la mayoría de los procesos en el país incluían plazos de desalojo y, habitualmente, la protección de la conocida “tregua invernal”, que prohíbe los desalojos durante los meses más fríos. Sin embargo, en esta ocasión, el juez ha eliminado dicho beneficio, permitiendo que el desalojo pueda ejecutarse también en invierno.
La aplicación de multas por cada día de retraso en la entrega del inmueble tampoco es una medida habitual, y los expertos consultados por el medio aclaran que aunque la normativa vigente protege el derecho a la propiedad, hasta ahora, los jueces habían optado por plazos y medidas menos severas.
El propio abogado del caso destaca la relevancia de la resolución: “Hace una década, una sentencia así habría sido impensable. Ahora los jueces entienden que no todos los propietarios son grandes tenedores o empresas”, subraya. A pesar de la firmeza de la sentencia, la ejecución del desalojo podría retrasarse, ya que suele ser necesario obtener la intervención del prefecto, lo que puede prolongar el proceso durante meses.